Acuerdo con el fiscal de varios acusados en el caso de la visita papal a València
Trece imputados admitirán en la Audiencia Nacional que robaron tres millones de euros
La Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado un acuerdo de reducción de penas a cambio de reconocimiento de culpabilidad con 13 de los 22 acusados de haber saqueado las arcas de Canal 9 en el 2006 aprovechando la visita del papa Benedicto XVI a València.
Entre los arrepentidos dispuestos a reconocer los delitos ante la sala que juzga desde ayer el caso en la Audiencia Nacional están el que fue responsable de la red Gürtel en València, Álvaro Pérez, el Bigotes, para quien el fiscal pide 37 años de prisión, y el exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y exjefe de prensa de Eduardo Zaplana Pedro García, para el que el ministerio público solicita 40 años. Ambos se apropiaron ilegalmente de medio millón de euros cada uno, según el relato del fiscal.
La Audiencia Nacional juzga a varios empresarios, a los hombres de la Gürtel, a exdirectivos de Canal 9, a miembros del clero valenciano y a políticos del PP como Juan Cotino, exconseller y líder del sector democristiano de los populares. La policía concluye que Cotino era el elemento nuclear de una operación que permitió a esta red embolsarse 3,3 millones de euros. Esta comisión la lograron gracias a unos contratos que se elaboraron con el fin de instalar pantallas de televisión en València para retransmitir la señal de Canal 9 de los actos del Santo Padre por toda la ciudad. Junto al Bigotes se juzga también a los jefes de Gürtel: Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo. El fiscal les acusa de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la hacienda pública. Estos se han negado a pactar.
Las fiscales estiman que, utilizando gestiones llevadas a cabo por Cotino, que entonces era vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de València de pantallas y sonido por 7,5 millones de euros y que se hiciera cargo del gasto la RTVV, con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.
Así se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la trama en València. Por su parte, según la Fiscalía, Cotino recibió de las empresas del grupo Correa como regalo un chaquetón valorado en 375 euros. El exconseller, que también fue presidente de las Corts Valencianes, se ha negado a alcanzar un pacto con la Fiscalía.