Jové y Salvadó se acogen a su derecho a no declarar en el TSJC
ERC afirma que el ex secretario general de Economia seguirá en la mesa de diálogo
La causa contra el 1-O no terminó con el juicio a los líderes independentistas en el Tribunal Supremo ni con el proceso a la antigua cúpula de los Mossos, a punto de concluir en la Audiencia Nacional. El juzgado número 13 de Barcelona mantiene procesados a una treintena de personas y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) terminó la instrucción para el que es considerado el ideólogo del referéndum de octubre del 2017, Josep Maria Jové, y el que fue secretario de Hisenda, Lluís Salvadó. Ambos, diputados de ERC, comparecieron ayer ante el juez acusados de presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos, pero se acogieron a su derecho a no declarar .
Los dos ex altos cargos de Economia, a los que se les comunicó su procesamiento, optaron por el silencio para “denunciar que su caso forma parte de la causa general contra el independentismo”, indicó Esquerra. Jové y Salvadó se quejan de la “fragmentación judicial de las causas” en varios juzgados, lo que creen que provoca “vulneración de derechos fundamentales y de garantías procesales, y vulnera su derecho a un juicio justo”.
“Organizar un referéndum no es delito”, insistieron fuentes de Esquerra, que defendieron la autodeterminación como “herramienta política para desencallar el conflicto con el Estado”. Jové y Salvadó están procesados por su participación en el 1-O. La magistrada instructora sostiene que Jové, ex secretario general del Departament de la Vicepresidència y de Economia i Hisenda y uno de los miembros de la delegación catalana en la actual mesa de negociación con el Gobierno, “tuvo una participación activa en la preparación del referéndum” y en actos “ilícitos” para que se pudiera financiar la consulta. De Salvadó, la juez señaló que “tenía como función hacer efectivas las estructuras de la hacienda de la Generalitat”, al menos, asegura la juez, desde el 2015. El tribunal también les impone una fianza de 4,5 millones de euros –2,89 en el caso de Jové, y 1,63 en el de Salvadó–, por lo que ANC y Òmnium hicieron un llamamiento a la ciudadanía para llenar la Caixa de la Solidaritat.
Las dos entidades independentistas, junto a decenas de miembros del Govern, ERC, Jxcat y la CUP arroparon a Jové y Salvadó a su entrada al TSJC. El vicepresidente del Govern de la Generalitat, Pere Aragonès, fue más allá y ratificó su confianza en Jové como miembro de la mesa de diálogo entre gobiernos. “Evidentemente seguirá estando y participando en la mesa, no sólo por su capacidad política y su compromiso, también porque hay que tener presente que no se puede olvidar la situación de represión que estamos gestionando”, justificó el también conseller de Economia. La semana que viene, de forma presencial o telemática, está prevista la segunda cita de la mesa.
Aragonès, además, lamentó que ahora, y tras la sentencia del 1-O contra los líderes independentistas en el Supremo, se entra en “una segunda ola de la causa general” contra el independentismo. “Ningún tribunal decidirá el futuro de Catalunya”, zanjó el coordinador nacional de Esquerra.
Los dos ex altos cargos republicanos censuran la fragmentación judicial de las causas del 1-O