La Audiencia exime al Banco de España en el caso del Popular
La Audiencia Nacional eximió ayer al Banco de España de responsabilidad patrimonial en el caso del Banco Popular.
La empresa Diseños Ibiza, accionista del Popular, interpuso un recurso exigiendo responsabilidad patrimonial al supervisor español por los perjuicios causados a raíz de la resolución llevada a cabo el 7 de junio del 2017, cuando se vendió la entidad al Banco Santander por un euro. En concreto, la empresa solicitaba una indemnización de 123.991,67 euros por los perjuicios, tras la resolución acordada por la Junta Única de Resolución (JUR).
El veredicto de la sección quinta de lo contencioso administrativo del alto tribunal español recoge que es el Banco Central Europeo (BCE) el que en aquel momento se ocupaba de la supervisión prudencial de los bancos españoles y no el supervisor español. En concreto, detalla que desde el 4 de noviembre del 2014 es el supervisor con sede en Frankfort, tras la entrada en funcionamiento del Mecanismo Único de Resolución, la entidad que asumió todas las labores de supervisión de más de 120 bancos de la eurozona.
La Audiencia Nacional baja al detalle y relata que la supervisión de las entidades de crédito de la zona euro se ejecuta en función de su importancia, supervisando directamente el BCE a las entidades calificadas de “significativas” (grandes bancos) y las autoridades nacionales a las “menos significativas”, sin perjuicio de una supervisión indirecta por la autoridad europea. Por ello, debido a que el Banco de España carecía de las competencias de supervisión del Popular, el alto tribunal decidió inadmitir la reclamación formulada en concepto de responsabilidad patrimonial “por el supuesto incumplimiento de unas funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación”.
La empresa demandante alegaba que la supervisión del BCE no excluye que el Banco de España también realizaba una supervisión prudencial. Pero el alto tribunal español especifica que esto no es así,
La empresa Diseños Ibiza reclamaba 123.991 euros de indemnización al Banco de España
puesto que desde hace seis años el Banco de España no tiene competencias en esta materia para los grandes bancos. Antes sí que tenía inspectores trabajando in situ en la banca española, pero desde el 2014 esas funciones las asumió el BCE con inspectores de cualquier otro país. Sólo están bajo la supervisión del Banco de España las entidades pequeñas.
La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. Pero deja claro que otros accionistas significativos no podrán pedir al Banco de España indemnizaciones por sus pérdidas en el caso del Banco Popular.