Unión inmobiliaria contra los decretos de alquileres
Los profesionales lanzan una ofensiva legal conjunta
Las cinco grandes organizaciones de profesionales inmobiliarios de Catalunya cargaron ayer contra la nueva regulación de los alquileres que ha anunciado el Gobierno, que se suma a las medidas que ya anunció la Generalitat a finales de diciembre y a las restricciones del Ayuntamiento de Barcelona, y avanzaron el inicio de una ofensiva jurídica. La iniciativa está impulsada conjuntamente por el Col·legi d’agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, la Associació d’agents Immobiliaris de Catalunya, la asociación de promotores (APCE), la Cambra de la Propietat Urbana y el Col·legi d’administradors de Finques de Barcelona-lleida, que señalan que “algunas de las medidas propuestas son contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución”.
Las asociaciones, que agrupan a la mayoría de los profesionales del sector que trabajan en Catalunya, destacaron que “aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características”, ya que a su juicio el problema es la falta de vivienda social y esto “es responsabilidad de las administraciones públicas y no de los propietarios privados”. A juicio de los inmobiliarios, “el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social”.
Fuentes empresariales lamentaron que las medidas “parecen fruto del desconocimiento del comportamiento del mercado de alquiler”. Así, los Apis recordaron la experiencia del control de alquileres que se aplicó en España durante el franquismo, cuando “la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta o su actualización de acuerdo con un IPC que no reflejaba la realidad, llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler”.
Los colegios de Apis y administradores, los promotores y la Cambra advierten que es inconstitucional