Calviño choca con el Banco de España por las ayudas
Calviño y Hernández de Cos se enfrentan por el aval público a los créditos a empresas
El Gobierno español y los mercados han realizado desde hace tres semanas apuestas dramáticamente opuestas sobre los efectos de la crisis del coronavirus en la economía. El equipo económico del Ejecutivo de Pedro Sánchez, encabezado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, había previsto una desaceleración gradual pero limitada, sin que el colapso fuera la estación final, poniendo el ahorro y la contención público, la llamada consolidación fiscal, por delante del gasto y el efecto paliativo ante el desplome.
El Banco Central Europeo (BCE) y los inversores han anticipado un escenario de detención súbita y completa de la actividad económica que provocará el hundimiento de sectores enteros y empresas de forma indiscriminada. De momento, los segundos han impuesto su lógica a la primera, como han puesto de manifiesto las caídas de las bolsas, la parálisis crediticia y las intervenciones de urgencia de los bancos centrales. En España y en todas las economías desarrolladas. Respuestas a una situación sin precedentes, reservada hasta ahora a los llamados estados fallidos.
Ese choque de visiones se manifestó con claridad cristalina el pasado jueves en la sede del Ministerio de Economía, en el madrileño paseo de la Castellana, durante la reunión de la Autoridad Macroprudencial Consejo de Estabilidad Financiera (Amcesfi), que preside la ministra y en la que participan el gobernador del Banco de España y miembro nato del consejo del BCE, Pablo Hernández de Cos, además de la subgobernadora, Margarita Delgado, el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, y el director general de Seguros y Fondos de Pensiones, Sergio Álvarez, entre otras personas.
En el encuentro, Hernández de Cos urgió a la ministra Calviño a anunciar de manera inmediata medidas económicas de envergadura ante la parálisis total de la economía, para transmitir seguridad a los agentes sociales. Un mensaje que, por otra parte, lleva transmitiendo el BCE desde el inicio de la crisis sanitaria, pese al lapsus de Cristine Lagarde, su presidenta, en la rueda de prensa del pasado jueves, cuando dio pie a que los mercados interpretaran que se desentendía de la presión de los mercados sobre la deuda de países como Italia o España, lo que provocó el hundimiento de las bolsas de esos países.
Hernández de Cos también le planteó a la vicepresidenta tercera que considerara conceder el aval público a los créditos bancarios para las empresas afectadas por el parón de la actividad a fin de que pudieran seguir operativas y no se vieran abocadas al cierre.
Caso contrario, sin aval público, argumentó el gobernador, la banca no prestaría dinero ni aplazaría vencimientos a las empresas que se están quedando sin ingresos por el parón de la actividad económica. En ese caso, tomaría cuerpo el peligro sería entonces un crédit crunch, una crisis o estrangulamiento del crédito, se dispararía la morosidad y podría quedar en entredicho la estabilidad financiera.
Según fuentes informadas del contenido de la reunión, Calviño replicó que el Gobierno veía esa garantía pública como un rescate a la banca y no pensaba ponerla en marcha. La ministra tiene en el centro de sus preocupaciones evitar la degradación de las cifras de deuda y déficit de las cuentas públicas, aseguran las mismas fuen
tes. Una orientación de política económica que ya ha provocado discusiones en el seno del Gobierno, sobre todo, pero no solo, con los ministros de Unidas Podemos. Este fue, precisamente, el caso en la reunión de ayer, con Calviño, de nuevo, como defensora del control del gasto y el rigor fiscal.
El BCE, a través de diferentes miembros de su consejo, y del propio Hernández de Cos, han declarado que la institución comprará tanta deuda como haga falta para asegurar que los Gobiernos pueden poner en marcha políticas de gasto para hacer frente a la crisis.
La prioridad de las autoridades monetarias europeas en este momento es “desatarles las manos a los gobiernos para que gasten todo lo necesario para evitar una espiral de destrucción de la actividad económica”, señalan fuentes implicadas en la política económica.
El ejemplo contrario es el de Alemania, cuyos ministros de Finanzas, Olaf Scholz, y de Economía, Peter Altmaier, anunciaron el pasado viernes un programa “ilimitado” de garantías públicas para los préstamos a las empresas. Aunque, claro está, la situación financiera de Alemania es incomparablemente más desahogada que la del Reino de España.
La reunión del jueves en el Ministerio de Economía, que registró momentos de alta tensión, finalizó sin acuerdo y desde entonces el Gobierno no ha realizado ningún anuncio público de medidas económicas más allá de lo recogido ese mismo día en el comunicado posterior al Consejo de Ministros extraordinario.
Esas medidas, consideradas insuficientes y de reducida dimensión por economistas, empresarios, sindicatos y por el Banco de España y el BCE, incluían como herramienta principal en el ámbito económico “flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés”, una medida que el Ministerio de Economía valoraba en unos 14.000 millones de euros. En este punto, el Banco de España también manifestó discrepancias, pues cree que dada la situación el Estado debe comenzar a asumir que no le quedará más remedio que exonerar de ese pago a los afectados, para evitar que esas empresas acumulen una montaña de deuda, fiscal y bancaria.
Ahora, la realidad es que la economía está paralizada y se desconoce cuál es el programa de acción, en este crítico frente, del Gobierno, pues se ha aplazado hasta el próximo martes el anuncio de medidas o reformas legales para facilitar la adaptación a las nuevas circunstancias. Empresas y trabajadores no saben sí habrá, ni cuáles serán.
La economía española, como por otra parte ya ha sucedido en general con la expansión de la epidemia, sigue con retraso los pasos de Italia, y antes de China, y ya se ha instalado en su particular infierno de completa parálisis económica.
Del lado de la oferta, las empresas han iniciado un diabólico ciclo de cierres de puertas y abandono de la producción sin precedentes en la historia de la economía, desde la restauración a los centros comerciales y las fábricas. En el reducido lapso de un solo día, el viernes pasado, el sólo anuncio de la clausura de factorías durante al menos un mes de tres grandes automovilistas españolas (Seat, Nissan y Renault), el principal sector industrial remolque, supondrá ya una pérdida mínima directa de dos décimas del producto interior bruto (PIB), lo que la economía produce en un año. La actividad turística, otro de los motores de la economía, está en caída libre hacia la actividad cero, como se aprecia en las imágenes que ofrecen las calles y atracciones monumentales de las grandes ciudades del país. El estado de alarma certificará su hundimiento para los próximos meses y ya ha sepultado la campaña de Semana Santa.
En cuanto a la demanda, el pánico de la población y el cese de las actividades comerciales han evaporado cualquier posibilidad de adquisición de bienes y servicios. La puntilla a una situación de agonía durante las últimas semanas ha venido, también en este caso, con la imposición del estado de alarma. La segunda vuelta de este fenómeno será la cadena de cierres, quiebras y despidos de las empresas con menos caja para seguir pagando a trabajadores que no generan ingresos. Y en la economía española hay decenas de miles de empresas en esa situación insostenible.
Otro de los sectores, junto con el automóvil, esencial de la economía española es el turístico, que representa en torno al 12% del PIB, y ahora está prácticamente condenado a la inactividad. Si esa situación afecta al sector durante seis meses, dos trimestres, la pérdida podría suponer hasta el 6% de la economía en el conjunto del año. Suficiente por si solo para situarla en la recesión. Este recuento se puede ir haciendo con toda la economía.