Moratoria en el pago del alquiler de 20.000 pisos públicos de la Generalitat
La Generalitat ha decretado una moratoria universal en el pago del alquiler de todas las viviendas pertenecientes al parque público, gestionado por la Agència de l’habitatge de Catalunya. La medida afectará a más de 20.000 familias que actualmente residen en estas viviendas protegidas de propiedad pública y se enmarca en las iniciativas económicas impulsadas por la Generalitat para aliviar la situación de las personas más vulnerables y evitar nuevas situaciones de exclusión residencial. Así lo anunció ayer la portavoz, Meritxell Budó, durante la rueda de prensa del Consell de Govern y posteriormente el conseller de Territori, Damià Calvet, detalló.
La Generalitat tiene previsto suspender la facturación correspondiente al mes de abril de los contratos de alquiler de titularidad pública. Las rentas no se abonarán mientras dure la cuarentena y se prorratearán durante 12 meses, en los sucesivos recibos mensuales, una vez finalice esta situación de excepcionalidad. Actualmente, la Generalitat ingresa casi 4 millones de euros mensuales por los alquileres de vivienda pública y la media de los alquileres del parque público se sitúa en los 166 euros mensuales.
Budó también reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que siga el ejemplo de la Generalitat e implante medidas para facilitar el abono mensual del alquiler, ya que el impago de las rentas es el principal motivo de desahucio. Una acción que también le exige la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
En el caso de que el estado de alarme se prolongue en el tiempo y la situación social y económica empeore se decidirá más adelante como afectará al resto de mensualidades y como se fracciona el retorno de estas rentas. Tampoco se descarta que una vez pasada esta crisis sanitaria se tengan que implementar otras iniciativas para evitar las situaciones de vulnerabilidad sobrevenida.
Por su parte, la concejal de Vivienda Lucía Martín explicó a La Vanguardia que el Ayuntamiento que siempre que las familias que residen en un piso público sufre una bajada de ingresos se adapta la renta a la nueva situación familiar. Por lo que entiende que los inquilinos de las viviendas protegidas que gestiona el Institut Municipal de l’habitatge de Barcelona están blindados ante las consecuencias que pueda tener el estado de emergencia, su situación laboral y el pago de las rentas. En este sentido, reitera que estas ayudas se reforzarán para que ninguna familia tenga que sufrir por el pago de la renta.