Las ‘kellys’, el drama de una promesa incumplida
Incertidumbre sobre su cobertura legal tras el cierre hotelero
“Nos lo han prometido una y otra vez. Nos dijeron que aprobarían la ley Kelly, pero no lo han hecho. Su demora nos deja ahora desamparadas”. Es el lamento de Vania Arana, presidenta del sindicato Kellys Catalunya, un colectivo que representa a las limpiadoras de hotel. La promesa a la que hace referencia es la proyectada reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que debería prohibir la subcontratación de actividades básicas en un negocio. Los partidos que forman el actual Gobierno habían apoyado su reforma, pero más de dos meses después de su llegada al poder sigue sin articularse y, por tanto, las limpiadoras quedan en total desamparo ante devastador impacto de la crisis del coronavirus en el sector del turismo y el cierre obligado de hoteles decretado por el Gobierno la semana pasada.
El drama de este colectivo de trabajadoras lleva años siendo denunciado, ya que prestan sus servicios a través de empresas externas que les someten a pésimas condiciones laborales. “La mayoría de nuestras compañeras tienen contratos por obra y servicio de pocos meses, semanas, días sueltos y hasta horas. Además, nunca coinciden las horas firmadas con las que se trabajan realmente”, explica Vania Arana.
Las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez para incentivar expedientes de regulación de empleo temporal e impedir despidos masivos no van con ellas. “En el caso de que pudieran entrar en un ERTE, que no tenemos claro que la empresa de outsourcing lo pueda hacer, se marcharían a casa cobrando un 70% de la jornada que consta en el contrato. Es decir, menos de la mitad de lo que realmente cobran. Eso les deja en situación de precariedad total”, advierte Arana.
Aunque la mayoría ni siquiera afrontan esa situación. “Todas las temporales llevan despedidas desde que comenzaron los problemas”, asegura Esther Comas, abogada del colectivo Ronda que defiende a la asociación de Kellys de Madrid.
Además, Comas alerta de un segundo foco de precariedad. “Junto a la carta de despido se les ha dicho que cuando todo acabe volverán a contratarlas”, explica esta abogada. En su opinión, ese es un compromiso verbal que “no vincula a los empleadores, pero sí infunde el miedo para que no reclamen un despido improcedente o una indemnización”. Desde ese colectivo aconsejan que se unan y presenten demandas colectivas, pero, de momento, se impone el miedo a ser catalogadas como conflictivas y no volver a trabajar.
A la inseguridad jurídica se suma la coacción que supone el ofrecimiento de una futura contratación