El Gobierno rastreará la movilidad por los teléfonos
El INE cotejará los traslados antes y después de la alarma
Big data al servicio de la lucha contra la pandemia. Nuestros móviles revelan muchas cosas de nosotros y una importante es que las operadoras pueden saber, mediante a las antenas a las que se conectan, dónde estamos en cada momento. Esa característica va a servir al Gobierno para saber el estado de la movilidad durante los días del estado de alarma y compararlos con los de fechas anteriores.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer una orden del Ministerio de Sanidad para que la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial encargue al INE un estudio de la movilidad de los ciudadanos antes y durante el estado de alarma que estará basado en los datos de geolocalización de los teléfonos móviles de los que disponen los operadores de telecomunicaciones.
El informe se elaborará “a través del cruce de datos de los operadores móviles, de manera agregada y anonimizada”, de la misma forma que este instituto ha elaborado ya trabajos similares en relación con los desplazamientos en toda España durante los días laborables, festivos y vacaciones. Son datos anónimos, sin posibilidad de identificar a ningún usuario en concreto.
El propósito del encargo de Sanidad es determinar los desplazamientos durante el estado de alarma, con una orden de confinamiento que debe mantener a la mayoría de la población en casa, respecto al estado normal de libertad de movimiento que había los días previos.
Una clave de este tipo de estudios es el cruce de datos. Además de determinar la diferente movilidad, si los datos se relacionan en los mismos mapas con los que ya se tienen por otras vías, como el registro de casos de contagios en el tiempo y en el espacio que ya tienen las autoridades sanitarias, se puede conocer mejor cómo se ha movido el virus y si hace falta tomar medidas específicas en determinadas vías de comunicación para aislar más los contagios.
España es pionera en Europa en este tipo de estudios. Hacer un estudio completo de movilidad de la población con encuestadores podría costar varios millones de euros. En el último trabajo llevado a cabo en el 2019 el INE abonó cada una de las tres principales operadoras de telefonía (Movistar, Vodafone y Orange) alrededor de medio millón de euros por sus datos.
La orden ministerial especifica el cumplimiento de la legislación en materia de privacidad y garantiza que se someterá a los criterios interpretativos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Para este tipo de estudios, lo que ha hecho hasta ahora el INE es dividir el territorio español en 3.200 celdas que tienen cada una un mínimo de 5.000 personas. Como la distribución de la población no es uniforme, salen zonas con celdas de gran tamaño, como es el caso de las áreas despobladas, y otras muy pequeñas, para las grandes concentraciones en las ciudades.
Las diferencias de esos dibujos en el tiempo son las que permiten elaborar mapas de desplazamientos de población y reforzar infraestructuras de todo tipo (comunicaciones, sanidad), según la época del año, del mes o de una sola semana.
El propósito del nuevo encargo de Sanidad es bien diferente.
La orden garantiza que serán datos anónimos, sin identificar a ningún usuario en concreto
Sanidad encarga una app de consulta sobre la Covid-19 que chequeará si el usuario está donde dice estar
En este caso se trata de observar los grandes números de los desplazamientos que se hacen durante el estado de alarma, con una orden de confinamiento que debe mantener a la mayoría de la población en casa, y cotejarlos con los de las jornadas anteriores a la crisis sanitaria.
Aunque no tiene nada que ver con ese estudio, Sanidad encargó también en la misma orden del BOE y a la misma Secretaría de Estado la creación de una app para teléfonos móviles que servirá para hacer consultas rápidas sobre la Covid-19.
Esta aplicación, que cada ciudadano se podrá instalar a voluntad, comprobará por el sistema de geolocalización GPS del teléfono móvil, si la persona se encuentra en la Comunidad Autónoma en la que dice estar. En este caso, lo que permite localizar el móvil, con la autorización del usuario, es el propio móvil, y no las operadoras.