“Pedimos solidaridad para reducir el alquiler”
Tan pronto el Gobierno anunció el estado de alarma y el consiguiente cierre de establecimientos no esenciales, Salvador Vendrell, propietario de un bar de tapas en el barrio de Sant Gervasi, en Barcelona, fue a recoger el negocio con la incertidumbre de cuándo volvería a ponerlo en marcha. Todo el género pendiente de venderse –ensaladillas rusas, croquetas, patatas...– se repartió entre familiares y trabajadores para no desperdiciarlo. Ahora, con un ERE temporal para los ocho trabajadores del bar, su preocupación es mantener la caja saneada y poder afrontar los pagos que se le vienen encima sin posibilidad de ingresar nada, como otros tantos miles de restauradores.
“En un primer momento, la preocupación principal fue mantener a los trabajadores, algo que se conseguirá con las facilidades para hacer los ERTE; la segunda gran preocupación es el pago del alquiler, pedimos solidaridad para reducirlos o retrasarlos, y la tercera preocupación del pequeño comercio es la liquidez de la empresa, que esta situación no lleve a la suspensión de pagos y al cierre de negocios”, resume Vendrell, que es presidente de la Fundació Barcelona Comerç.
Otras asociaciones, como Comertia, ha pedido a la Generalitat que utilice la fianza de dos meses depositada en el Incasòl para que haya una moratoria de entre dos y cuatro meses en el pago de los alquileres comerciales, dependiendo de si hay condonación o no. “Esta medida podría aligerar una partida muy importante de las cuentas de explotación, no supondría un gasto extra ni para la Administración ni para los comerciantes, y tampoco perjudicaría a los propietarios”, defiende la asociación presidida por David Sánchez.
El sector del comercio asegura vivir una situación “crítica”. Si la Administración no reacciona “con medidas económicas concretas de ayuda a las empresas, el 70% del tejido comercial, formado por pequeñas y medianas empresas, se verá obligado a presentar un preconcurso de acreedores”, advierten desde Comertia. Esto supondría el cierre de miles de establecimientos comerciales y el impago definitivo a proveedores y las pérdida de ingresos públicos vía impuestos. “Sería un peligro para el Estado de bienestar”, dice Vendrell.