Llegar a fin de mes en Europa
El 54% de los hogares españoles tenía ante de esta crisis sanitaria alguna dificultad –entre mucha o cierta– para llegar a final de mes, de acuerdo con las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística. Un estado de cosas que la creciente desigualdad ha ido acentuando en la última década.
Ese porcentaje da idea del tremendo coste potencial, pero en términos sociales, que tiene el actual estado de postración de la economía. La pérdida de ingresos que acarrea puede llevar a situaciones límite a millones de personas que ya en situación de normalidad vivían con ingresos inferiores a sus necesidades.
Con la llegada del final del mes de marzo y el comienzo de abril, tras tres semanas con la economía parada, el número de personas en apuros crecerá y las situaciones de dificultad se agravarán. Y, en consecuencia, la presión sobre el presupuesto público será mayor, pues aumentará el esfuerzo económico necesario para cubrir las necesidades más perentorias de los conciudadanos. Y deberá sostenerse durante semanas, en el mejor de los casos.
La obligación de un Estado eficaz, en un país desarrollado y con una economía avanzada, es dar cobertura al conjunto de la población y en especial a los que están siendo más golpeados por la crisis. El Gobierno ha aprobado programas de cobertura para esas situaciones críticas y ahora esas medidas van a pasar la prueba de la realidad.
La pérdida de riqueza económica, o el empobrecimiento, del país empieza a ser más visible y palpable. El volumen de la caída aún no se puede establecer, aunque en esta semana se tendrán los primeros elementos de juicio, con el paro registrado, y los afiliados de la Seguridad Social.
Por eso, el marco de la política económica está cambiado radicalmente. De un escenario de moderada desaceleración a uno de profunda recesión por tiempo pendiente de establecer.
La gravedad de la caída ha llevado a los guardianes de la ortodoxia –banqueros centrales, grandes empresarios y gobiernos conservadores– a converger con los que ya antes eran partidarios de esas políticas de gasto. Evitar ahora con todos los medios el mayor daño posible permitirá recuperarse mejor mañana, cuando la pandemia haya sido vencida. Ese es el consenso casi unánime.
Menos acuerdo hay sobre cuánto tiempo deberá mantenerse esa política económica. El debate sobre la sostenibilidad de la deuda contraída para financiar esta crisis pasará a ser el eje del debate político.
Parte de la respuesta se gestará en las discusiones entre bambalinas
El 54% de las familias tenían algún problema para llegar a fin de mes antes de la crisis del coronavirus
Si Europa no comparte la factura, vendrán largos años de ásperos debates sobre recortes e impuestos
que estas próximas semanas tejerán los ministros de Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, para producir una propuesta a los jefes de Gobierno.
Si, al final, esta segunda factura de una gran crisis vuelve a recaer exclusivamente sobre los ciudadanos de cada país, es decir, desproporcionadamente sobre italianos y españoles, la condena será dura y larga. Tanto como para que muchos acaben poniendo en cuestión el conjunto del proyecto.
El debate está planteado en términos de solidaridad, en la terminología de Pedro Sánchez, Giuseppe Conte y Emmanuel Macron, el reparto de los costes entre todos los socios europeos; y responsabilidad nacional, según los principios de Angela Merkel y Mark Rutte, el rescate y la condena.
Como que la victoria tiende a decantarse casi siempre del lado de quien tiene la llave de la caja fuerte, las apuestas están ahora a favor de la segunda opción. Ya ocurrió así en la crisis financiera, la primera fase de la crisis del euro. Si se repite el episodio, a los perdedores les espera un largo periodo, muchos años, de ásperas discusiones sobre recortes e impuestos.
Muchos confían todavía en que, entre ese sombrío futuro y la salida óptima que propugnan los líderes del sur, Europa aún sabrá parir un escenario intermedio que evite el estallido y permita seguir avanzando. Habrá que ver.