Rusia vigila mediante el móvil a los rusos afectados por la cuarentena
El coronavirus sirve a Rusia para poner a prueba la tecnología sobre vigilancia, algo que levanta el temor de los defensores de los derechos humanos porque podría usarse para el control de la población y de la oposición política. El Gobierno, de momento, utiliza una aplicación de móvil para vigilar el confinamiento.
Los 12,5 millones de moscovitas pueden salir a la calle mediante un permiso electrónico que se baja en el móvil con un código QR. El Kremlin quiere, además, vigilar por el móvil la cuarentena de los enfermos y recién llegados del extranjero. El Ayuntamiento de Moscú, encargado de aplicar la medida, asegura que sólo geolocalizará a los afectados con su consentimiento. Entre ellos figuran los enfermos con síntomas leves que están en casa y no pueden salir ni a la farmacia, aunque reciben asesoramiento médico a distancia.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ordenó el confinamiento de toda la población porque la semana sin trabajo que decretó el presidente Vladímir Putin no fue efectiva. Muchos rusos siguieron paseando por las calles o reuniéndose en zonas verdes y dachas para hacer barbacoas. La medida, que excluye a empleados de sectores esenciales como la alimentación, se ha extendido a todas las regiones del país.
Rusia dispone de un sistema de seguimiento con reconocimiento facial que se utilizó en el Mundial de fútbol del 2018.
“Esta recopilación de datos biométricos no tiene ninguna base legal”, argumenta Kiril Korotéyev, abogado de la oenegé Ágora, en el diario Kommersant, porque se realiza sin el consentimiento del ciudadano. Asegura, asimismo, que estos sistemas ofrecen “oportunidades ilimitadas para la vigilancia política”. El que funciona en Moscú incluye 170.000 cámaras en patios vecinales, portales de edificios, parques, colegios, centros de salud, tiendas, obras o edificios de oficinas. El pasado 18 de marzo, por ejemplo, sirvió para localizar a más de 200 infractores de la cuarentena. Hay planes para instalar otras 9.000 cámaras en la capital.
La justicia no ha dado la razón a la activista Aliona Popova y al político opositor Vladímir Mílov que proponían prohibir la vigilancia y eliminar de los sistemas los datos obtenidos hasta ahora. Popova está dispuesta a llevar la demanda, ahora no admitida en un tribunal de Moscú, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.