La Fiscalía General deja en manos de las territoriales investigar los asilos
La Fiscalía General del Estado ha dado carpetazo a la investigación abierta después de conocer, por el propio Ministerio de Defensa, la existencia de ancianos, algunos de ellos enfermos, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos, según confirmaron ayer fuentes fiscales. La razón es que ya existen investigaciones abiertas en distintas fiscalías territoriales, por lo que pierde el objeto iniciar una investigación de ámbito nacional.
La fiscal general, Dolores Delgado, encomendó abrir unas diligencias tras conocer que miembros de las fuerzas armadas habían encontrado en las residencias de mayores a ancianos muertos. Ante esa situación “alarmante”, la Fiscalía General decidió abrir una investigación con el fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal.
El fiscal designado para recabar toda la información fue Manuel Dolz, del Tribunal Supremo, y que fue secretario de Estado de Justicia con Dolores Delgado como ministra. No obstante, después de realizar la pesquisas pertinentes en las residencias referidas las mismas fuentes explicaron que ha decaído el objeto y, por tanto, no se va a judicializar ninguna investigación.
No obstante, Delgado mantiene la orden a la fiscalías territoriales para que sigan vigilantes por si se puede dar negligencias en estos lugares a raíz de la pandemia por coronavirus.
Después de entrar en vigor el decreto del Estado de alarma, el Gobierno anunció que el Ejército puede actuar en cualquier residencia de España como medida preventiva para valorar la situación de los pacientes y asesorar al personal en materia de desinfección y prevención y actuar de la forma que sea necesaria.
Las diligencias archivadas fueron incoadas el pasado 23 de marzo, cuando la ministra de Defensa, Margarita Robles, reveló en una entrevista en televisión que la unidad militar de emergencias (UME) del Ejército de Tierra había encontrado en algunas de sus visitas a residencias “a ancianos, a mayores, absolutamente abandonados, cuando no muertos en sus camas”, y advirtió de que caería “todo el peso de la ley” sobre las que no cumplieran con sus obligaciones.
La Fiscalía decidió entonces abrir diligencias de investigación, y la Fiscalía del Tribunal Supremo centralizó las pesquisas que se derivaban de la información disponible a partir de la intervención UME en esas residencias.