De Tsipras a Iglesias
Los países del norte de la Unión Europea han detectado un problema de imagen entre la población de sus socios del sur de Europa y han puesto a trabajar la máquina de las relaciones públicas. La Comisión, por ejemplo, está buscando por los rincones ideas y partidas despistadas, un poco de presupuestos no gastados, algo más de los futuros, para componer paquetes diversos. Ayer mismo, divulgó un plan de financiación del desempleo provocado por la crisis del coronavirus que, en realidad, es un préstamo puente a corto plazo que deberá devolverse cuando los estados que los soliciten, principalmente Italia y España, tengan dinero. Este, a su vez, se obtendrá de la emisión de deuda o, alternativamente, de los fondos de rescate de la misma Unión Europea.
Obviamente, el Gobierno que más ha comprometido su perfil ante sus vecinos meridionales ha sido el de los Países Bajos, pues ha tropezado dos veces en la misma piedra del insulto. Ayer, su primer ministro, Mark Rutte, anunció la propuesta de crear un fondo que realizaría donaciones, no créditos, para ayuda sanitaria a los países más afectados.
En cualquier caso, ningún síntoma, ni por parte de la Comisión, ni de Holanda, tampoco de Alemania, que es el país más relevante, que dé a entender que la aversión a compartir la factura, o los costes, de la crisis del coronavirus con Italia, España o Francia, haya disminuido un ápice.
El sendero para los necesitados está marcado y conduce al fondo de rescate, llamado MEDE. Los países defensores de esa vía, además de rechazar una factura que no consideran suya, advierten de que también ellos deben hacer frente a sus propios costes en la misma batalla sanitaria y económica. Y creen que su solidaridad queda patente a través de las compras de deuda del Banco Central Europeo (BCE) y, adicionalmente, asegurando que los países con problemas se financien, con el dinero facilitado por el fondo de rescate, con un coste muy bajo. Muy inferior al interés que habría que pagar en caso de que acudieran al mercado y este les comprara toda su deuda.
Pero, claro está, las cosas no son tan fáciles. Los candidatos a pedir el rescate temen vender su alma al diablo: soberanía –las condiciones de control presupuestario para asegurar la devolución– a cambio de dinero. Además, el estigma político. Requiere la aprobación parlamentaria del resto de países, del Bundestag alemán al Eduskunta finlandés o la Asamblea Nacional francesa. Así fue con España en el 2012, a cuenta del rescate bancario.
La Comisión y los países del norte cortejan a la opinión pública del sur con nuevas propuestas
El drama griego no tiene nada que ver con el del coronavirus, pero algunos actores se conocen
Aunque ahora prometen condiciones mucho más suaves, el vía crucis deprime al deudor y obliga al acreedor a enfatizar que ha exigido todas las garantías.
La diferencia entre estos posibles nuevos rescates y los anteriores, el de Grecia especialmente, es que ahora se trata de dos países mucho más grandes, en uno de los casos se trata de uno de los fundadores del proyecto europeo, y con un peso específico en la economía europea y mundial. La solución ateniense no vale para Roma o Madrid. Y como en estas dos capitales están levantiscos y juran que no aceptarán nada que se le parezca, lo lógico es que se plantee una propuesta adaptada a la nueva relación de fuerzas.
Es la apasionante batalla de estas próximas semanas. La Grecia del 2015 la acometió en mucho peores condiciones. Geoestratégicas, su peso en Europa era mucho menor; económicas, con un aparato productivo muy debilitado y con una deuda pública enorme; y políticas, pues su aislamiento era casi absoluto. El líder ateniense en ese momento, Alexis Tsipras, el líder de Syriza, acabó aplicando él mismo un duro ajuste, obligado por el rescate. Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez, se distanció entonces del griego como consecuencia de aquel imprevisto regate político. A lo mejor ahora, giros de la historia, le toca participar en un nuevo episodio de esa misma crisis. Veremos.