Esperamos solidaridad, no caridad
La crisis del coronavirus hace tambalear muchas de nuestras certezas. ¿Quién pudo imaginar hace cuatro meses que un tercio de la humanidad se encontraría confinada en sus casas, que el tráfico aéreo se vería prácticamente detenido, las fronteras cerradas a cal y canto y la economía mundial bajo la amenaza de un crac sin precedentes?
Los actos más banales de la vida cotidiana están ahora prohibidos.
Aún es demasiado pronto para saber cuándo y cómo saldremos de esta crisis. Pero hay grandes preguntas que nadie podrá evitar cuando la hayamos dejado atrás.
La primera es la conciliación a la que habrá que llegar entre seguridad sanitaria y libertades. El debate sobre seguridad y libertad no tiene nada de nuevo. Se plantea regularmente en política interior en relación con la delincuencia; como en Francia, a finales de 1980, cuando Alain Peyrefitte presentó un proyecto de ley con ese nombre, la ley de Seguridad y Libertad. Apareció de nuevo, y con renovada fuerza, tras los atentados del 11 de septiembre y como consecuencia de la centralidad otorgada al terrorismo en el debate público. No cabe duda de que también surgirá respecto al modo en que deberemos enfrentarnos a otras posibles pandemias. Sin embargo, cuando establecemos un vínculo entre los dos conceptos, las propuestas siempre remiten a restricciones de las libertades, no a su ampliación.
Al principio de la crisis, cuando China confinó a millones de personas, muchos (sobre todo, en Occidente) afirmaron que sólo un país totalitario podía tomar unas medidas tan restrictivas, liberticidas incluso. Nos dimos cuenta más tarde de que semejantes medidas distaban de ser monopolio de los regímenes autoritarios.
De todos modos, los países miembros de la Unión Europea que han decretado el confinamiento no han perdido su carácter democrático. En Corea del Sur, un país donde la democracia tiene unas bases sólidas y la sociedad civil es parcialmente poderosa, se pusieron en práctica medidas draconianas que implican el uso generalizado de mascarillas y la realización masiva de pruebas. Ello permitió contener la pandemia. Un sitio web y un mapa en línea creados por el Gobierno permite a todos ver en tiempo real dónde se encuentran los individuos infectados. Los datos se recogen por medio de las cámaras de videovigilancia, el análisis de tarjetas bancarias y los teléfonos de las personas afectadas. La persona que se niegue a compartir su información puede enfrentarse a un máximo de dos años de cárcel.
El sistema es aceptado por la población.
Y, si la globalización ha hecho posible una rapidísima difusión de la pandemia, las nuevas tecnologías permiten un mayor control de la población. ¿Qué ocurrirá mañana? ¿Hasta dónde aceptaremos proporcionar acceso a datos privados para garantizar nuestra salud? Y, en el fondo, ¿no lo estamos haciendo ya voluntariamente a través de las redes sociales?
En todo caso, sería importante que este tipo de debate se diera antes de la próxima crisis y poniendo todos los elementos sobre la mesa para que las medidas no se tomaran luego a toda prisa. Es un problema fundamental que no cabe tratar en tiempos de crisis. Merece un debate de fondo que toda sociedad democrática debe abordar de manera abierta e inclusiva. Merece un verdadero debate nacional.
El segundo debate se refiere al gasto público y la fiscalidad. Muchas
restricciones presupuestarias parecen estar saltando por los aires; especialmente, en los países occidentales. Es como si el dinero público, que antes no existía, se hubiera vuelto de pronto disponible.
En Francia, el presidente Macron acaba de anunciar un plan masivo de ayuda al sistema hospitalario. Ese sistema estaba en crisis el año pasado y la ayuda anunciada no parecía suficiente. Y el caso es que desde hace años, en nombre de los imperativos presupuestarios (en particular, los europeos), los sucesivos gobiernos se dedican a recortar los créditos de salud pública justamente cuando el crecimiento de la población y la mayor esperanza de vida hacen que las necesidades sean mayores.
¿No es hora de rehabilitar el gasto público y los impuestos? ¿Y, por lo tanto, perseguir ante todo la evasión fiscal? Tras la crisis del 2008, se anunció una lucha implacable
Es como si el dinero público, que antes no existía, se hubiera vuelto de pronto disponible
contra los paraísos fiscales. Sin embargo, no han desaparecido, ni siquiera dentro de la Unión Europea. ¿Sigue siendo aceptable la competencia fiscal entre miembros de la Unión Europea? Resulta digno de aprecio que grandes grupos o grandes fortunas se comprometan a hacer donaciones, pero hay que distinguir entre quienes asumen éticamente sus obligaciones como contribuyentes y quienes evaden impuestos y luego dan una pequeña parte de lo que han ocultado mientras se hacen aplaudir por su generosidad. Porque cuando se trata de necesidades, lo que esperamos no es caridad sino solidaridad. Y la solidaridad no puede depender de la buena voluntad de las grandes fortunas sino de una regla general e impersonal definida por el Estado. No puede dejarse al libre arbitrio de los individuos, sino que debe determinarse de acuerdo con su capacidad contributiva.