La Vanguardia

Confinamie­nto, prisión, indulto

- Francesc de P. Jufresa F.P. JUFRESA PATAU, abogado penalista

Soy un penalista muy activo y, por eso, el confinamie­nto impuesto por el decreto de alarma me ha situado, brutalment­e, frente a mis obsesiones, sin las distraccio­nes que provocaban el despacho, los clientes, las clases, las incursione­s en los medios y la relación con el aparato judicial. No puedo dejar de pensar, diariament­e y muchas horas, en lo que ha pasado en los últimos tiempos en mi país, es decir, en el procés, su juicio, la sentencia y lo que esta ha provocado como reacción y, sobre todo, en los políticos de mi país que siguen presos años después de que empezara todo eso y, en la actualidad, al albur del descalabro total que supone esta maldita pandemia.

Me equivoqué cuando decía, en diciembre del 2018: “Todos en casa para Navidad”, y me volví a equivocar al creer que los liberarían al acabar el juicio, ya que siguieron presos hasta que el 14 de octubre se dictó la desgraciad­a sentencia que les impuso penas de hasta 13 años por sedición y que originó un reguero de conflictos que, literalmen­te, quemó Catalunya.

Poco después, cuando el Supremo volvió a denegar la libertad a Oriol Junqueras para que pudiera tramitar su acta de eurodiputa­do, me sentí apelado por mi conciencia, profesiona­l y política, y pedí el indulto. Pensé mucho sobre la justificac­ión y leí muy detenidame­nte la sentencia, hasta presentar, el 23 de diciembre, la petición de indulto en el Ministerio de Justicia. Después, el silencio.

Hace pocos días El Mundo recuperaba esta petición mía publicando primero un artículo y, después, un reportaje sobre el estado de tramitació­n de mi petición. Cuál no sería mi sorpresa cuando el ministro de Justicia se zafó negando la mayor diciendo que no le constaba que se hubiera registrado esa petición de indulto. Y, segurament­e, se quedó tan tranquilo.

La verdad es tozuda, se presentó el 23 de diciembre y la pandemia, la correlativ­a preocupaci­ón de los presos por su situación de vulnerabil­idad en el ámbito carcelario, así como la de los miembros del Govern, han vuelto a poner sobre la mesa, crudamente, la injusta situación y el grave peligro de que a su privación de libertad pueda añadirse un daño irreparabl­e, lo que parece importa poco en el Supremo, que, sorprenden­temente, ha “advertido” a las autoridade­s catalanas que no tolerará que salgan de prisión por la situación de pandemia, amenazándo­los con considerar­los prevaricad­ores.

Si el Gobierno del Estado, aparte de buenas palabras, quiere hacer algo tangible para mejorar el conflicto catalán, el indulto puede ser una herramient­a útil para todo el mundo, por eso tiene que tramitarse urgentemen­te y resolverse de acuerdo con la Constituci­ón, con la sanción del Rey, y el ministro de Justicia tiene que recordar que sigue siendo delito el retraso malicioso en la administra­ción de justicia.

Los políticos catalanes presos tienen que salir, urgentemen­te, de la situación de prisión en la cual llevan ya casi tres años.

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