Catástrofe laboral
La epidemia de la Covid-19 y el parón de la actividad decretado para combatirla han pulverizado el mercado laboral. En tan sólo la segunda quincena de marzo se han destruido casi 900.000 empleos, la mayoría de ellos –dos terceras partes– sujetos a contratos temporales. Esta es la cifra del brutal descenso registrado en la afiliación a la Seguridad Social. Lo peor de este dramático panorama es que no ha acabado. Parece muy probable que la masiva destrucción de empleo prosiga durante los meses de abril y mayo, en los que podrían perderse hasta cerca de otro millón de empleos o quizás más. Entre los principales afectados no sólo hay que incluir a los empleados temporales sino a los autónomos que han solicitado el cierre de su actividad y que suman unos 500.000 hasta la fecha.
En la destrucción de empleo que refleja la enorme caída de afiliación a la Seguridad Social no se incluyen los más de 600.000 trabajadores afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) autorizados hasta la fecha. Esta cifra podría elevarse hasta los 2,4 millones en las próximas semanas. Estos trabajadores, pese a estar suspendidos de empleo, no pueden considerarse parados, ya que cobran el sueldo –al menos en un alto porcentaje– y tienen el compromiso de que se reincorporarán a sus tareas habituales cuando pase la crisis sanitaria. Este hecho refleja el gran acierto de haber flexibilizado y facilitado los ERTE, ya que con esta fórmula se ha evitado una mayor destrucción de empleo y se propicia una rápida reactivación de la actividad cuando remita la crisis sanitaria.
El drama que afecta al mercado laboral no ha cogido a nadie de sorpresa, ya que era perfectamente previsible que sucediera al pararse en seco la actividad económica. Nunca se había producido un aumento tan grande del paro en tan corto espacio de tiempo. El gran reto, a partir de ahora, corresponde al Ministerio de Trabajo, y en concreto al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para gestionar la rápida tramitación del seguro del paro, así como de los ERTE pendientes de aprobación, para que ningún trabajador se quede sin ingresos ni un solo mes. Esto es de fundamental importancia para garantizar la adecuada protección social y exige el máximo refuerzo de la Administración.
El Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deben tener también muy presente la situación de muchas personas que pueden quedarse sin ingresos en pocos días. En primer lugar a causa del riesgo de retraso en el pago de las prestaciones por desempleo. En segundo lugar porque hay muchos trabajadores temporales que apenas tendrán derecho al subsidio de paro. Y, en tercer lugar, porque en España hay un alto porcentaje de economía sumergida, alrededor de un 20% del producto interior bruto, y que, en consecuencia, son muchas más las personas en riesgo inmediato de exclusión social de las que indican las cifras oficiales del desempleo. Ello exige, por tanto, un refuerzo urgente de los servicios de asistencia social, tanto en medios humanos como en recursos económicos, para atender a los más necesitados. Es cierto que, al menos durante seis meses, según las normas dictadas por el Gobierno, nadie puede ser desahuciado ni se pueden cortar tampoco los suministros de agua, gas y electricidad a ninguna familia. Pero a muchos les hará falta dinero para comer y atender otros gastos esenciales. Esta es la máxima urgencia económica del momento actual, para la cual el Gobierno no debe escatimar esfuerzos si quiere evitar mayor malestar y el riesgo de revueltas sociales. En la misma línea debería acelerar las ayudas y los avales a las empresas, que van con mucho retraso, y ampliarlas con una moratoria fiscal para intentar frenar al máximo la destrucción de empleo que se registra.
Tiempo habrá para analizar cómo se pagará el abultado endeudamiento público que supondrá la elevada factura de la protección social que exige la situación actual, y que puede prolongarse más de lo inicialmente previsto. Pero, de momento, hay que curar las heridas más graves, al igual que se hace en la sanidad.
Hay que activar medidas urgentes de asistencia social para atender a los más castigados por la crisis