Junqueras pone al Supremo en el punto de mira con una querella por coacciones
El líder de ERC lleva a los juzgados el aviso a las cárceles contra el confinamiento en sus casas
La advertencia del Tribunal Supremo a las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas sobre una posible excarcelación de los líderes del 1-O para que pasen el confinamiento en casa suma ahora un nuevo capítulo. Oriol Junqueras ha presentado una querella en el juzgado de Manresa por coacciones, amenazas y contra los derechos cívicos fundamentales que tiene al TS en el punto de mira.
El escrito de la querella no identifica a la sala que preside Manuel Marchena –lo deja en manos del juez instructor– pero sí pide que se investigue el mensaje distribuido por el Supremo en el que se advertía a los funcionarios de las juntas de tratamiento que podrían incurrir en un delito de prevaricación si permitían su salida.
La querella considera que el mensaje es un “inmerecido ataque a la separación de poderes, a la libertad en la toma de decisiones independientes y a la neutralidad en la actuación de los funcionarios”, además de atacar “los derechos civiles” de Junqueras.
La defensa de Junqueras repasa las recomendaciones de la OMS instando a “priorizar medidas no privativas de libertad para sospechosos o presos con perfiles de bajo riesgo”. La querella también cita las instrucciones del Consejo de Europa y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien reclamó que “gobiernos y autoridades competentes deben proceder rápidamente a reducir el número de reclusos”, con especial mención de “aquellas personas encarceladas por expresar sus críticas políticas o a los disidentes”.
Las cárceles catalanas activaron el 13 de marzo medidas de descongestión de sus instalaciones facilitando el confinamiento telemático de presos en régimen de semilibertad y revisando la clasificación de internos que se beneficiaban de permisos para trabajar a través del artículo 100.2 del régimen penitenciario. La querella señala que el martes pasado se anunció la revisión de 101 casos sin referencia alguna a los presos del 1-O y pocas horas después, primero en El Español y después desde la Oficina de Comunicación del TS, se difunde un mensaje de Whatsapp entre los informadores judiciales en el que se advierte a los funcionarios de las juntas de tratamiento de “responsabilidades penales” si toman decisión alguna sobre “los presos de la causa del procés”. La querella reclama que se investigue el origen del mensaje y quién decidió enviarlo.
Se señala que los miembros de la junta de tratamiento “no pueden ser objeto de anuncios de males vinculados a la adopción de acuerdos” y que el Supremo “no puede dirigirse a funcionarios de la administración penitenciaria antes de sus deliberaciones para censurar su conducta y afectar al sentido de su voto”.