El caos de las residencias suma cientos de causas judiciales
La Fiscalía investiga posibles delitos en 80 residencias de Madrid y 30 en Catalunya y mantiene 374 investigaciones abiertas en todo el país
La Fiscalía señala posibles delitos en 80 residencias de Madrid y otras 30 de Catalunya y mantiene 374 investigaciones abiertas en toda España.
Los familiares de las víctimas fallecidas por coronavirus en las residencias se preparan para librar una nueva batalla, esta vez, ante la justicia. Tras las devastadoras consecuencias vividas sobre todo durante las primeras semanas de la epidemia, la lucha contra el virus se trasladará a los juzgados donde se revisará si hubo actuaciones negligentes o desatención a los mayores en algunos geriátricos que merezcan algún reproche penal o una indemnización. La Fiscalía ha abierto 374 investigaciones, 211 de las cuales discurren por la vía civil y 163 lo hacen por la vía penal. En el punto de mira, sin embargo, pueden situarse miembros de los gobiernos central y autonómicos y responsables de los centros que se han encargado de la dirección de los geriátricos durante la pandemia que, según los últimos datos publicados, ha costado la vida de 18.426 ancianos que residían en los 5.447 asilos públicos y privados de todo el país. Las consecuencias de la acción judicial son de momento imprevisibles. “Desconocemos de momento cuál puede ser el alcance de todas investigaciones” apuntaba ayer un alto responsable de la Fiscalía General, aunque algunas de las denuncias van dirigidas a lo más alto. Un grupo de abogados en representación de 3.000 familiares de fallecidos en residencias presentó la semana pasada una demanda contra el Gobierno ante el Tribunal Supremo por lo que calificaron de “inacción y actuación tardía y nefasta” en la gestión del virus.
A la vista de las posibles consecuencias que podría acarrear para algunos responsables públicos, Vox se apresuró en presentar querellas en todas las fiscalías provinciales. Algunas de ellas tras ser examinadas han sido archivadas por falta de relevancia penal.
La nueva batalla judicial, sin embargo, la protagonizarán familiares que, bajo el paraguas de alguna asociación a o título particular, han presentado denuncias para reclamar responsabilidades a la Administración por los daños ocasionados. Los últimos en hacerlo son la recién creada plataforma Afectados Coronavirus que anunció la interposición de acciones legales contra todas las residencias en las que se detecten negligencias o dejación de funciones. Uno de los impulsores de la asociación perdió a su madre en una residencia de Barcelona y ayer avanzó que se querellaría contra el Ejecutivo catalán.
En todo el país hay asociaciones similares que impulsan iniciativas legales de este tipo. Pero la mayor investigación sobre la gestión de las residencias la está haciendo la Fiscalía que decidió actuar de oficio cuando advirtió que la cifra de muertos se ensañaba con especial virulencia en los geriátricos.
La comunidad que acumula un mayor número de investigaciones es Madrid, con un total de 80 casos, muchos de los cuales son vehiculados a través de una asociación y otras han sido presentadas directamente por particulares afectados. De todas ellas, se han apreciado indicios de delito de momento en seis casos y hay juzgados que ya han abierto investigaciones que deberán acelerarse cuando se levanten los plazos procesales.
La segunda comunidad con un mayor número de investigaciones en curso es Catalunya, donde en la última semana se han abierto 16 nuevos asuntos y ya acumula 30 pesquisas por la vía penal. Barcelona es la zona donde se concentran la mayoría de los casos, con un total de 11. Y el resto en residencias de Granollers, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró y Tarragona. Una de las investigaciones de la Fiscalía surgió después de que el Registro Civil de Sant Boi se percatara de la defunción de cuatro ancianos de cuatro residencias y lo comunicara al fiscal. En los juzgados catalanes también se han abierto tres causas contra residencias: dos en Cerdanyola y otra en Sabadell por los delitos de omisión del deber de socorro y falsedad en documento oficial. En cambio, hay comunidades en las que la Fiscalía no ha iniciado ninguna investigación al no apreciar ninguna actuación sospechosa: Andalucía, Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana.
Tres juzgados catalanes y seis madrileños ya han aceptado las primeras querellas por los asilos
Llegará el día, si es que ya no la hecho, en el que los estragos causados por la Covid-19 dejen de ser narrados con fríos balances globales. Que si sube o baja la curva, que si desciende o aumenta la incidencia de contagios, que si hay más altas que ingresos... La factura cobrada por este coronavirus empieza a relatarse con nombres y apellidos.
Con historias como la de Alfredo Suárez o Pedro Palazón, que destapan el infierno vivido por las familias de la mayoría de los miles de fallecidos en esta crisis sanitaria. Calvarios, dicen los protagonistas, que son de “juzgado de guardia”. Se avecina una nueva pandemia. Se propagará en los tribunales.
“Las consecuencias de este coronavirus abren la puerta a multitud de posibilidades para ejercitar acciones judiciales”, aventura Jorge Martín Losa, socio de Balms Abogados. Sobran los ejemplos. “Incumplimientos contractuales por empresas suministradoras de material sanitario, falta de protección de los profesionales de la sanidad, demandas o denuncias por lo ocurrido en las residencias de ancianos, defectuosa prestación de servicios por las empresas funerarias... Y por otro lado, las denuncias y demandas contra la administración pública por mala praxis en la gestión de la crisis”, relata Martín Losa.
Desde Balms Abogados, con muchas consultas en curso, se ha optado por no correr. “Sobra tiempo para ir a los tribunales , nada va a prescribir, y antes de dar ese paso hay que estudiar caso por caso”, añade Jorge Martín Losa
Este abogado considera complicado, aunque no imposible, castigar por la vía penal a los supuestos responsables. “El estado de alarma justifica en cierto modo determinadas conductas y eso juega en favor de los infractores, si es que los hay”. Martín Losa considera, por lo tanto, un “brindis a sol” querellas como la que se acaba de presentar en el Supremo (una demanda colectiva) contra el Gobierno y todos sus ministros.
Desde Balms Abogados sí que auguran una avalancha de “de acciones de responsabilidad patrimonial contra la administración; será por la vía contencioso administrativo para reclamar indemnizaciones por los daños ocasionados en base a una gestión negligente de las administraciones públicas”, apunta el socio de ese despacho. Las residencias –al margen de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía– la criba en los ingresos hospitalarios o la falta de equipos de protección del personal sanitario, concentrarán la mayoría de esos procesos judiciales, augura Martín Losa.
Las denuncias con mayor probabilidad de prosperar serán las contenciosas
El estado de alarma va a dificultar que prosperen las demandas por la vía penal