Letra menuda de los decretos de recuperación

Los economistas en respuesta a la crisis hemos pasado de señalar el trazo grueso de las medidas necesarias, identificando a menudo los principios, para después analizar los destinatarios y los mecanismos de financiación. Por eso, todos hemos bebido de aguas comunes ya que el virus es devastador en su impacto global. En general, con los retrasos correspondientes, la política económica española no se ha alejado mucho de las recomendaciones de la mayoría de los economistas. Pero, por desgracia, en el tramo final, del debate en el BOE, en el kilómetro cero del redactado, el seguimiento económico no siempre está siendo el esperado. Así ya se han identificado, por ejemplo, algunas alertas contra el exceso de intermediarios en las ayudas, o contra la tentación de utilizar los nuevos créditos avalados para limpiar morosidad bancaria anterior. Denunciado, pero no siempre evitado.

En la distancia corta de la aplicación de medidas de recuperación, ahora hay que velar por dos nuevos extremos. El primero es que no tiene ningún tipo de lógica que sean objeto de ayudas, que tarde o temprano se cargarán en los hombros de los contribuyentes, aquellas empresas situadas en paraísos fiscales o condenadas reiteradamente por fraude tributario, laboral o medioambiental. Tampoco que las empresas que reciban ayudas no tengan limitaciones en el reparto de dividendos y en la retribución, exageradísima todavía hoy, de sus directivos. Ni el BOE que regula las ayudas ni los contratos de préstamo del ICO dicen nada de eso.

El segundo extremo viene de la observación que el enjambre de dinero para relanzar la economía, que provendrá previsiblemente de la UE, se tiene que dedicar con cuidado. Es ahora el momento de compatibilizar el impulso necesario para la actividad productiva con la reorientación de nuestras economías hacia un futuro sostenible. Por ejemplo, en el sector turístico. Por eso, convendría que los recursos fueran condicionados a las inversiones que ayuden a enderezar el modelo económico y eso por mor de evitar que se replique aquello insostenible (de un mercado que esté destinado a desaparecer) o que sea claramente incompatible con los programas de desarrollo sostenible. Mejor pues que Europa ponga condiciones. Y es que la presión del statu quo sobre los gobiernos territoriales (el otro kilómetro cero) es tal que es predecible que las medidas decididas busquen complacer a los lobbies de los intereses existentes mientras se postergan estrategias de mirada más larga. Todo puede ser comprensible, pero no tendría que ser aceptable. Salvar aquello que se conoce con el fin de seguir actuando igual no puede ser el objetivo. Flexibilizar las restricciones medioambientales en el momento del empuje inversor seguro que escandalizaría a las propias instituciones europeas que las financian. ¿Si no hacemos ahora el esfuerzo de reconversión con el dinero público blando que nos llega, cuándo lo haremos?

¿Si no hacemos ahora el esfuerzo de reconversión con el dinero público blando que nos llega, cuándo lo haremos?