APCE: “LA LIMITACIÓN DE ALQUILERES PROVOCARÍA UNA REDUCCIÓN DE OFERTA EN EL MERCADO”
El pasado 10 de marzo la vicepresidenta primera de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Elena Massot, compareció ante la Comisión de Estudio de Control de Alquileres del Ayuntamiento de Barcelona, que ha abierto una ronda de reuniones de la Comisión con los diferentes agentes implicados para conocer su opinión con respecto a una posible medida de control de precios del alquiler en la ciudad. En su intervención, la vicepresidenta expuso el posicionamiento de la Asociación al respeto, indicando como principal efecto negativo la reducción de la oferta en el mercado. Para Elena Massot, el control de alquileres reducirá los incentivos a invertir en nuevas viviendas destinadas al mercado del alquiler, y recuerda que varios expertos alertan de que, a corto plazo, muchas viviendas que actualmente se encuentran en régimen de alquiler pasarían al mercado de venta, mientras que a largo plazo un tope de precios eliminaría los incentivos a construir nueva vivienda de alquiler, al mantener los alquileres por debajo de mercado. Otro de los efectos negativos es el peligro de desincentivar el mantenimiento de los inmuebles. Massot recordó que debe tenerse en cuenta que los grandes operadores representan una parte muy reducida del total del parque en Barcelona. “La gran mayoría que conforman el mercado del alquiler en la ciudad son pequeños propietarios, particulares que, con una limitación de precios, les será imposible hacer frente a los gastos de mantenimiento de las viviendas, hecho que comportaría una progresiva degradación de los inmuebles y, por lo tanto, también de los barrios de la ciudad”, alertó, y añadió que la limitación de precios también se podría traducir en una selección más restrictiva de los arrendatarios bajo criterios de solvencia.
CASOS BERLÍN-PARÍS Desde la APCE se recordó que anteriores intentos de aplicación de normativas de
control de los precios del alquiler tanto en Berlín como en París provocaron efectos totalmente contrarios a los pretendidos, y acabaron siendo derogadas. Remarcó que las casuísticas de estas ciudades y la de Barcelona son muy diferentes entre sí y hacen imposible poder hacer una comparativa válida. Además, Massot señaló que “se deben tener en cuenta las políticas de vivienda y de inversión que llevan a cabo las administraciones públicas locales para ampliar el parque público de vivienda, los incentivos a la promoción de viviendas en alquiler, y las ayudas públicas al alquiler que contemplan estas ciudades, en detrimento de los prácticamente inexistentes incentivos a la promoción de viviendas de alquiler en Barcelona”. Si hablamos de políticas para incrementar el parque de vivienda asequible en régimen de alquiler, debemos partir de la base de que las administraciones públicas son las responsables de incrementar el parque, especialmente el de alquiler, y de incentivar al sector privado a contribuir a este incremento. Pero la realidad es otra muy diferente. Según datos del Ministerio, entre enero y septiembre de 2019 se acabaron 7.078 viviendas en Cataluña, de las cuales 601 con protección oficial. Y, a pesar de que afortunadamente ha aumentado el número de VPO hecha por las administraciones (162 unidades), el sector privado continúa siendo el que más contribuye al crecimiento de este parque, con 439 viviendas de protección oficial construidas (73% del total). “Quizás va siendo hora de reflexionar por qué se demoniza al sector privado si es el que está construyendo vivienda de protección oficial. Se nos pasa la responsabilidad del sector público y constantemente se nos ponen trabas a nuestra actividad, cuando son las administraciones las que deberían estar invirtiendo sus esfuerzos y recursos en ampliar el parque público de vivienda asequible, especialmente el de alquiler, en la ciudad de Barcelona”, aseguró Elena Massot
en su comparecencia.
Por otro lado, constató de nuevo la existencia de un problema general de falta de financiación para las promociones con destino a alquiler, problema que se debería resolver a través de planes de vivienda más ambiciosos y contando con una mayor dotación presupuestaria. “Se mira mucho a Berlín y a París para “justificar” el abrir el debate sobre un posible control de precios en Barcelona, pero de lo que no se habla es de cuáles son sus políticas de vivienda y de las inversiones, de la dotación presupuestaria que destinan sus gobiernos en materia de vivienda para ampliar su parque público”, insistió Elena
Massot. La vicepresidenta primera de la APCE instó a empezar ya a desarrollar políticas de vivienda que sean posibilistas, pensadas y con un análisis económico solvente detrás, y rehuyendo del electoralismo. Políticas que, para Massot deben apostar por el diálogo y el trabajo conjunto, consensuadas con el sector privado, como la constitución de un derecho de superficie sobre bienes patrimoniales para destinarlos a la promoción, construcción, y gestión de viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible. Elena Massot concluyó con una demanda a las administraciones para crear políticas que incentiven la iniciativa privada con medidas financieras y mejorar la fiscalidad de aplicación para promover la edificación de viviendas asequibles, especialmente de alquiler. “Actualmente hay una falta importante de incentivos y/o ayudas para promover la construcción de vivienda de alquiler”, recordó.