Reconstruir el sector para reconstruir Catalunya
La pandemia del coronavirus ha dejado al país en una situación delicada. Desde la APCE queremos sumarnos al reconocimiento y profundo agradecimiento a la gran labor realizada por todo el personal sanitario luchando contra esta pandemia, así como de todos aquellos que han estado en primera línea para abastecernos, contribuyendo a contener parte de los efectos que el virus ha dejado en nuestra economía y en nuestras vidas.
En este contexto, desde el sector promotor constructor queremos colaborar activamente en la recuperación, porque somos una pieza clave en la reconstrucción de la economía catalana: además de proveer de vivienda a las familias que la necesitan, tenemos un efecto tractor muy importante a nivel de ocupación (por cada vivienda que se construye se generan 2,4 puestos de trabajo) y de recaudación impositiva (más del 20% del precio de venta de una vivienda son impuestos). Varios expertos fijan el número de viviendas de obra nueva que se precisan en Cataluña en unas 25.000 anuales. Si se lograra este nivel de producción estimado, se generarían 60.000 puestos de trabajo y unos ingresos para las arcas públicas de 1.500 millones de euros.
En la situación actual, creemos urgente desarrollar un plan de acción para reactivar el sector y aportamos un conjunto de propuestas sin coste alguno para las Administraciones Públicas. Además, cabe recordar que la reactivación del sector promotor también es clave para solucionar el problema de acceso a la vivienda, que seguirá existiendo después de la alerta sanitaria. Queremos anticiparnos y dar respuesta a las necesidades de la sociedad en esta materia.
Desde la APCE proponemos una serie de medidas que consideramos válidas para poner en marcha rápidamente la maquinaria productiva sectorial, contribuyendo de una manera decisiva a la reactivación de la economía y la creación de ocupación en Cataluña. Destacamos las siguientes:
• La necesidad de un gran pacto público-privado entre la Generalitat, los Ayuntamientos, y los promotores públicos y
privados para construir lo antes posible un parque diversificado de viviendas de venta y alquiler, contando con un marco estable y de seguridad jurídica para los inversores. En el pacto deben definirse claramente tres tipologías de vivienda: libre, asequible-protegida, y social. En cuanto a la vivienda asequible-protegida, entre otras
medidas, proponemos movilizar
los suelos de reserva de vivienda de protección oficial (VPO) a través de la cesión de derecho de superficie para edificar y gestionar la promoción de VPO en régimen
de alquiler asequible por un periodo de tiempo, a finales del cual el suelo y la edificación revertirían a favor de la Administración Pública. En este sentido, el Gobierno debería modificar el IVA de las cesiones de derechos de superficie, que actualmente está sujeto al tipo general (21%), y pasarlo al tipo reducido (10%).
• Anular la habilitación en los ayuntamientos para establecer reservas de VPO en suelo urbano consolidado porque consigue el efecto contrario al pretendido y disminuye todavía más la oferta, especialmente en la rehabilitación, como se ha visto en Barcelona ciudad, con la norma en vigor.
• Revisar los precios máximos de venta y alquiler vigentes de los
regímenes de VPO para que sean viables, edificando y dinamizando las reservas de vivienda protegida propiedad de promotores públicos y privados. Debe tenerse en cuenta que los costes de construcción se han incrementado más de un 45% desde 2007, mientras que los valores de los módulos han quedado desfasados. Habría que trasladar la misma evolución de los costes a las figuras protegidas.
• Agilizar todos los plazos de tramitación de licencias de edificación -la normativa contempla un plazo de dos meses- y de tramitación de planeamientos urbanísticos y sus preceptivos informes. Actualmente los plazos superan ampliamente estos dos meses, hasta 18 meses en
bastantes casos. La vivienda es un sector que tiene unos tiempos de producción superiores al del resto de actividades económicas, lo que hace que retrasos como estos atrasen el inicio de las obras y, por ende, la entrega de las viviendas, con el sobre coste que conlleva.
En definitiva, estas son algunas de las medidas que contempla nuestra propuesta, que pretende ser un plan de choque para revitalizar el sector y generar ocupación e ingresos para las administraciones. Debemos ser plenamente conscientes de que reconstruyendo el sector también estamos reconstruyendo Cataluña. Y este es un objetivo que, sin duda, compartimos todos.