El Gobierno retoma las transferencias a Euskadi
La entrega de competencias quedó suspendida por la Covid
Entre el guiño al PNV y la recuperación paulatina de la normalidad política. Los gobiernos central y vasco acordaron ayer retomar el calendario para el traspaso de competencias a Euskadi que había quedado suspendido por el coronavirus. En la primera reunión entre instituciones en tres meses, ambos ejecutivos coincidieron en reactivar cuanto antes unas negociaciones para las que se han citado una vez que la comunidad alcance la fase 3 de la desescalada, un estadio al que se espera que llegue en dos semanas. Entre la treintena de materias que transferir, destacan la gestión económica de la Seguridad Social y prisiones.
La entrega de competencias fue estructurada en cuatro bloques de negociación que, en las previsiones iniciales, contemplaba los primeros traspasos para el pasado marzo, y los últimos, para diciembre del 2021. Ambas administraciones deberán actualizar ahora un cronograma desfasado por la situación sanitaria. El primer paquete de transferencias, que se debía haber entregado el 16 de marzo, se llevará a cabo en junio e incluye la legislación sobre productos farmacéuticos, el seguro escolar y las ayudas previas a la jubilación ordinaria a los trabajadores afectados por ERE.
El momento para reactivar el proceso no es baladí, con unas elecciones vascas a la vuelta de la esquina –el 12 de julio– y en medio de un clima de profundo malestar del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez tras el pacto con EH Bildu para derogar la reforma laboral del 2012. El acuerdo de ayer, por un lado, sirve para suavizar un poco las tiranteces entre jeltzales y
Moncloa y, por otro, da luz verde a unos nuevos traspasos que permitirán a Sabin Etxea lucir su músculo negociador en Madrid después del tanto de la izquierda abertzale con la reforma laboral, que le mete de lleno en la batalla por el papel de “conseguidor” de contrapartidas para Euskadi.
Entre los traspasos, el más complicado es el de la Seguridad Social. Ambos ejecutivos pactaron en febrero la transferencia de su gestión económica, un largo anhelo vasco que, en un primer lugar, había quedado fuera del acuerdo para completar el Estatuto. Fue la única materia que no entró al principio. Con arreglo a lo firmado, el País Vasco asumirá su gestión económica, es decir, sus medios económicos, materiales y personales, pero sin cuestionarse en ningún momento la unidad del sistema.
El Ejecutivo autonómico se encargará de la gestión de las prestaciones, que suponen un gasto para el Gobierno central de unos 9.000 millones de euros al año en el País Vasco. También administrará el control de las cotizaciones, la recaudación de cuotas y la organización de los ingresos. Eso sí, según el calendario acordado en febrero, la materia estará en el último de los cuatro bloques de traspasos definidos, que fijaba el inicio de su estudio en junio del 2021 y la transferencia seis meses después.
Entre las competencias que pasarán a titularidad vasca, destaca también la gestión de prisiones, que se calculaba que estaría transferida para el próximo diciembre después de iniciar las negociaciones en junio. En la próxima reunión se decidirá si se readaptan las fechas. Frente a voces críticas que mezclaban la materia con la situación de los presos de ETA, desde el Gabinete de Iñigo Urkullu recuerdan que este traspaso no tiene nada que ver con la política penitenciaria, potestad del Estado.
El régimen económico de la Seguridad Social y prisiones, entre la treintena de materias