Dimensión, calendario y condiciones
La Comisión Europea presentó ayer su plan para la recuperación económica, que contempla un peso mayoritario de transferencias a fondo perdido para los países más golpeados por la pandemia, en buena media alineado con la reclamación de los países del Sur, encabezados por la Francia de Emmanuel Macron. Un giro muy trascendente de la política comunitaria, al asumir que los costes de la recuperación no pueden recaer exclusivamente sobre los presupuestos de los afectados. Un paso adelante muy notable.
Ayer, les tocaba también a los líderes de los principales países del Sur implicados mostrar satisfacción y transmitir a sus respectivas opiniones públicas que habían conseguido avanzar y su gestión había sido exitosa. Pero queda por delante una dura negociación y también conocer los detalles, la letra pequeña, de la propuesta comunitaria, siempre tan o más importante que las grandes declaraciones. La gran pregunta, como antes, sigue siendo si este nuevo plan será suficiente ante la magnitud de la crisis; si el dinero llegará a tiempo y si los instrumentos que se aplicarán serán los adecuados.
Vista en perspectiva, lo planteado ayer revela hasta qué punto fueron teatrales los aplausos que los ministros del Eurogrupo se otorgaron a sí mismos al final de su reunión del mes de marzo, cuando también anunciaron un acuerdo sin precedentes, que luego fue repudiado por todos los líderes del sur. Llega la hora del funeral del MEDE, el fondo de rescate opresentado hasta hace unas semanas como una panacea.
Se abre ahora un intenso y dilatado proceso de negociación para que la propuesta acabe siendo la norma económica de la Unión Europea en los próximos años. Esta se desarrollará dentro de los límites que en parte ya ha delineado la misma Comisión presidida por Ursula Von der Leyen.
En primer lugar, las transferencias proceden de diferentes fuentes, pues de los 500.000 millones anunciados, solo 360.000 millones proceden directamente del nuevo fondo de recuperación. El resto se aplican a través de una larga lista de programas con vinculación específica a otras partidas de las cuentas comunitarias.
Como explicó ayer Von der Leyen, “el presupuesto europeo siempre ha estado compuesto por transferencias, esto no es nada nuevo. Subvenciones para inversiones específicas, para aumentar la cohesión (...) El hecho de que siempre haya funcionado demuestra que puede volver a funcionar”. Decodificado, lo anterior quiere decir que todos esos programas requieren aportaciones económicas de cada país, cofinanciación. Además, la Comisión tendrá mucho que decir sobre los ámbitos a los que se destinará ese dinero, en función de sus prioridades presupuestarias y estratégicas. La tentación es que sea una forma de elevar la cartera de pedidos de los cuatro frugales para ablandar así sus reticencias.
En segundo lugar, el impacto de las medidas en función de su calendario de aplicación. El plan de recuperación presentado por la Comisión estará vigente durante un plazo de cuatro años, a contar desde el 1 de enero próximo. Así, los 77.000 millones de transferencias inicialmente aplicadas a España, cifra que podría cambiar en las negociaciones entre todos los estados, se recibirían a razón de algo menos de 20.000 millones por ejercicio, un 1,6% del Producto Interior Bruto (PIB). Cifra cuya envergadura se relativiza si se compara con el déficit que podría registrar el Estado español este mismo año, del orden de los 200.000 millones. Las urgencias de España o Italia se enfrían en los despachos comunitarios, aunque el anuncio oficial de futuros recursos en forma de transferencias ya servirá para tranquilizar a los mercados, que aceptarán relajados la espera impuesta por la gobernanza europea.
Finalmente, queda el gran tema. El tabú. La condicionalidad. Los requisitos de política económica asociados a los anteriores planes de rescate ya fueron polémicos. ¿Qué ocurrirá ahora cuando se hable de aportaciones a fondo perdido?
Ahora el proceso se centra en definir el alcance, la velocidad de aplicación y el rigor de las condiciones
El programa se aplicará durante cuatro años, lo que matiza su dimensión como plan de choque