Catalunya tiene tres años para bajar un 43% las matrículas universitarias
El Ministerio de Universidades fija un tope máximo de 18,46 euros el crédito en toda España El Govern vota a favor pero pide más concreción para compensar a los campus Las CC.AA. del PP, excepto Galicia, junto a Euskadi, expresan su rechazo a esta medid
Si el Govern aprueba el decreto de precios de matrículas universitarias con la rebaja decidida ayer en la Conferencia General de Política Universitaria, los precios del primer año de grado valdrán en septiembre un 43% menos que en el curso que ahora finaliza. Dicho de otro modo, el precio de crédito (ECTS) pasaría de una media de 32,50 euros que vale este curso a 18,46 euros, similar al precio de 2010-2011. Un curso entero costaría de media 1.100 euros, aunque depende de la especialidad.
Esta rebaja podría no ser inmediata, pues en el acuerdo aprobado ayer, con el voto favorable del Govern, se da un plazo de tres años, hasta el 2022-2023, para aplicarla en toda su dimensión. Tras la reunión, la Secretaria d’universitats expresó su discrepancia sobre la metodología acordada para reducir el precio de las matrículas, pero manifestó que había votado a favor “al coincidir el planteamiento con el objetivo de reducir los precios en los próximos años”, señaló un portavoz.
En el decreto de precios para el curso 2020-2021, que se aprobará próximamente, debe contemplarse el recorte del 30% de los precios de grados (primera, segunda y tercera matrícula) y master, como detallan los presupuestos generales aprobados. “Estamos convencidos –continuó el portavoz– que durante los próximos cursos continuaremos trabajando en la definición de nuevos objetivos para el desarrollo de una política de precios universitarios compartida”.
En la reunión, el Govern reclamó al Ministerio de Universidades un compromiso económico para que las modificaciones propuestas, que se añaden a las sobrevenidas por la crisis de la Covid-19, no pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria de las universidades ni del Gobierno catalán.
El recorte de tasas afectaría a las maltrecha financiación universitaria. En este sentido, el comunicado del Ministerio de Universidades se compromete a buscar más recursos “tanto en los próximos meses de forma excepcional, como en los próximos presupuestos generales del Estado” que “pensamos que podrían ser aprobados en el otoño”.
La Comunidad de Madrid votó en contra de este acuerdo –junto a todas las comunidades del PP, excepto Galicia, y Euskadi– y acusó al ministro Manuel Castells
de imponer una rebaja sin negociarla previamente y sin tener una propuesta económica para compensar a los campus. Las tasas madrileñas deben bajar un 20% respecto a las que ha aplicado este curso 2019-2020.
De este modo, con la rebaja de las dos comunidades autónomas con los precios más altos (aunque en Catalunya se aplica un sistema de tarificación social por el que los alumnos con menos ingresos pagaban menos) se corrige la disparidad de tasas en todo el estado. Y se fija en un precio máximo de 18,46 euros por crédito.
Este era uno de los objetivos del ministro en esta reunión que el 5 de mayo ya derogó la horquilla que permitía a las comunidades fijar los precios entre el 15% y el 25% del coste de la matrícula. Este es el sistema que implementó el Gobierno del PP, durante la crisis del 2011 para trasladar el coste de estudiar de la adminis
PRESUPUESTOS El ministerio dice que buscará financiación y no acompaña la medida de un plan económico
COMUNIDADES INVARIABLES No afecta a Andalucía, Castilla La Mancha, Galicia, Asturias, Canarias y Murcia
PROPUESTA
Reducción del primer año de grado y el mismo importe de 2019-2020 el resto
SISTEMA
Los topes se basan en las tarifas medias en España en el 2011 y la disparidad con el 2019
tración a las familias.
El gobierno de Artur Mas fijó el tope máximo, con tarificación social para no perjudicar a los alumnos con menores ingresos, pero otras autonomías mantuvieron el mínimo, lo que ha ocasionado grandes diferencias. En el nuevo sistema fijado no hay un tope mínimo.
Con el nuevo sistema, hay siete autonomías que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-2020 (Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Galicia y Murcia, así como la UNED). Otras ocho comunidades tendrían que operar un ajuste “relativamente moderado”, según el ministerio. Se trata de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja.
La propuesta aprobada es para la reducción de los precios públicos de la primera matrícula de grado y también para un precio máximo no superior al del último curso en las demás matrículas y másteres.
“Lo importante es llegar en 2022-2023 a un precio máximo consensuado para cada comunidad que sea el índice de referencia en el futuro”, destaca el comunicado de Castells.
El ministro propuso un límite mínimo y máximo tomando como base 100 el precio medio de los créditos para toda España en 2011-2012 y calculando los índices de disparidad de ese precio medio entre 2011 y 2019. Según este índice, no puede superarse de 115 ni bajar de 85. Las comunidades cuyos precios actuales superan el índice 115 deberían corregirlos.
La Conferencia General de Política Universitaria se produjo después de que la semana pasada el Gobierno aprobara un aumento de las becas a los alumnos más desfavorecidos. No obstante, el ministro argumentó ayer que las ayudas económicas no son suficientes para garantizar la igualdad de todos los estudiantes. Los estudios indican que los más desfavorecidos no solo no acceden del mismo modo que el resto a los campus sino que si entran, abandonan más.
Asimismo, señaló que una mayoría de familias por encima del nivel de la pobreza tienen también dificultades para financiar una carrera, especialmente, en un contexto de empobrecimiento tras la epidemia.