Más de 1.000 peticiones al día para ingresar en una residencia en Catalunya
Unas 15.000 personas aguardan turno con derecho a una de las plazas públicas
Las residencias de gente mayor inician la desescalada, preparativos para que los geriátricos recobren la normalidad, asilos preparados para recibir nuevos ingresos al no tener ningún positivo entre sus usuarios... Son frases repetidas los últimos días por las autoridades sanitarias sin ser conscientes, seguramente, de la respuesta ciudadana a esos mensajes.
¿La consecuencia? Las llamadas telefónicas a residencias se han disparado los últimos diez días de personas interesadas en las gestiones para nuevos ingresos en esos centros tan castigados por el coronavirus y hoy con miles de plazas vacantes por la muerte de usuarios. Se están realizando, solo en Catalunya, un millar de llamadas a residencias cada día, según un sondeo realizado por la L’associació Professional Catalana de Directors/ res de Centres i Serveis d’atenció a la Dependència (Ascad).
Esos contactos telefónicos revelan ahora un nuevo drama. Hay una necesidad de atención inmediata por parte del sistema de personas con grandes dependencias o cuya salud ha empeorado los últimos tres meses. De asistencia a unas personas abandonadas prácticamente por los servicios sociales desde el inicio de la pandemia. Y lo que más duele, ahora que se intenta recobrar la normalidad, “es que en la práctica totalidad de residencias no pueden atenderse esas peticiones, ni tan siquiera elaborar listas de espera al no tener aún un plan con instrucciones claras sobre cómo tienen que hacerse los nuevos ingresos”, afirma Andrés Rueda, presidente de Ascad, asociación que representa a 250 directores de geriátricos de Catalunya.
Rueda revela que ese millar de llamadas diarias “se concentran en las 471 residencias de Catalunya, catalogadas por Salut con un semáforo verde porque no tienen en estos momentos ningún positivo entre sus usuarios”. Esos centros serán los primeros, apuntan las previsiones, en aceptar nuevos ingresos. “Pero por ahora –revela el presidente de Ascad– todo es muy confuso en los protocolos para aceptar a nuevos usuarios”. Y añade: “Una cosa es lo que anuncian las autoridades sanitarias con mensajes que animan a los ciudadanos a volver a llamar a las residencias y otra, muy diferente, la inseguridad jurídica en los centros donde ahora más que nunca necesitamos instrucciones o normas y no recomendaciones”. Para los directores de las residencias afectadas por esta avalancha de contactos telefónicos “es muy frustrante no poder dar respuesta a esas llamadas”, lamenta Rueda.
Y candidatos a la lista de nuevos ingresos no faltan. “En Catalunya hay ahora mismo 15.000 personas con derecho a una plaza en una residencia pública por su grado de dependencia reconocido”, revela Juan José García Ferrer, secretario general de Lares, organización con un millar de residencias sin ánimo de lucro repartidas por toda España.
García Ferrer augura un “gran colapso burocrático y operativo cuando empiecen a reactivarse los nuevos ingresos”. Si los gobiernos no destinan más medios y recursos al sistema “muchas de esas personas tardarán meses en recibir la atención a la que tienen derecho”. Avisar, hacer las pruebas PCR, confirmar que esos potenciales usuarios no han tenido contactos con contagiados, prever que algunos igual tienen aún miedo de ir a una residencia... “Es el nuevo panorama que se dibuja con esas personas, la mayoría grandes dependientes,
Organizaciones como Lares auguran un colapso burocrático y operativo cuando se reactiven los accesos
que tendrán que continuar en casa si los trámites no se agilizan, a pesar de que en los centros haya plazas vacantes”, reitera el secretario general de Lares.
Tesis que comparte Andrés Rueda –también director de la residencia Sant Pere de les Fonts, de Terrassa– centro que no ha tenido ningún positivo. “Si no se planifica un proceso extraordinario para los nuevos ingresos después del parón de tres meses de los servicios sociales, las consecuencias volverán a ser dramáticas con este colectivo, el más castigado ya por la Covid19”. García Ferrer apuesta por articular “un mecanismo de emergencia social para priorizar los ingresos de las personas más necesitadas”. Que no tengan que esperar meses para tener la plaza pública a la que tienen derecho.