El Síndic de Greuges reclama transparencia con las residencias
Ribó propone un gran pacto para afrontar las consecuencias de la Covid-19 y una reforma radical del sistema de salud
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, calificó ayer de “inaudito” el hecho de que aún no haya habido una “total transparencia” sobre lo sucedido en las residencias catalanas durante la crisis del coronavirus. En un informe presentado ayer en el Parlament sobre el impacto de la Covid-19 en la salud y los derechos de las personas, el defensor de los ciudadanos lamenta las graves carencias que la emergencia sanitaria ha destapado en la gestión de los centros para personas mayores o con discapacidad, tales como “insuficiencias de información, de relación y diálogo con los familiares” y falta de liderazgo” en la gestión de la crisis.
El documento pide además un “pacto de país” para abordar las consecuencias de la pandemia que permita un incremento de las inversiones en salud, servicios sociales y derechos de los niños. En una rueda de prensa telemática, Ribó reclamó consenso político y parlamentario a escala catalana y española para abordar una transformación profunda en el sistema de salud. “No tiene sentido estar unos contra otros en el Parlament cuando debemos impulsar una reforma radical para el cuidado de las personas. El sistema de salud catalán requiere una inversión casi el doble que la actual”, aseguró.
Durante el último trimestre, el Síndic ha abierto más de 40 actuaciones de oficio y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas relacionadas con la emergencia sanitaria. El informe destaca el esfuerzo “inmenso” de los profesionales de la salud, quienes “han ido construyendo una respuesta creciente” a la situación mediante el uso y la readaptación de los medios y las instalaciones posibles. Por ello, exige un incremento presupuestario que permita disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la crisis y garantizar el descanso del personal que ha estado en primera línea contra el coronavirus.
Las principales conclusiones y recomendaciones del trabajo ponen el acento en la necesidad de potenciar las “medidas de prevención indispensables” y mejorar las infraestructuras, recursos humanos y equipamientos del sistema sanitario. Más allá de pedir “un aumento de las retribuciones” o resolver “problemáticas pendientes” como la relativa a la atención primaria, Ribó reclama “un fortalecimiento presupuestario” que equipare el PIB catalán al de “los países del norte de Europa”.
En cuanto a las residencias, el Síndic advierte que aún no se dispone de toda la información necesaria para evaluar cómo se ha gestionado la emergencia sanitaria, pero aun así concluye que es necesario dotar de recursos alternativos al residencial, como pisos tutelados o servicios de atención a domicilio, que permitan que el sistema de atención social esté más “descentralizado”.
El texto también aborda las consecuencias económicas de la pandemia y cómo ha afectado el estado de alarma a los derechos y libertades individuales. En relación a los derechos de los menores, el informe alerta sobre la situación de los niños y niñas con necesidades específicas en los ámbitos de la salud –incluida la mental–, el bienestar social y económico y la educación.
El Síndic aconseja al Departament d’educació “una planificación del curso escolar 2020-2021 para compensar los efectos del confinamiento” en los alumnos de las familias más vulnerables que han sufrido la brecha digital y la falta de acompañamiento y de relación con sus compañeros de clase. Ribó aboga por que las clases sean siempre presenciales para no ahondar en las desigualdades.
El informe incluye también una valoración sobre los efectos económicos que ya están sufriendo las familias con menos recursos, particularmente los que han perdido el trabajo. La recomendación del Síndic es un plan de choque
La propuesta: pisos tutelados y servicios de atención a domicilio para “descentralizar” el modelo residencial
El informe aconseja “un plan específico” del curso escolar 2020-2021 y que las clases sean siempre presenciales
que preste apoyo a las entidades del tercer sector. También alude a la necesidad de “resolver los problemas burocráticos” en la gestión de Renta garantizada de ciudadanía, las ayudas a los autónomos y emprendedores y el cobro de las prestaciones por ERTE.
No todas las conclusiones del informe son negativas. La mejora de la calidad del aire o la drástica caída en el nivel de ruidos en las ciudades se destacan como efectos positivos. Aun así, se insta a las administraciones a profundizar en
las políticas territoriales y ambientales iniciadas antes de la pandemia: la creación de infraestructuras dirigidas al equilibrio ambiental, la potenciación del transporte colectivo, la rebaja del gasto energético y el replanteamiento del modelo turístico, entre otras medidas.
Ribó sigue en el cargo en funciones desde hace meses dado que el Parlament no ha acordado todavía el nombre de su sustituto, aunque su mandato ya debería haberse extinguido.