CDC echa el cierre con un concurso de acreedores y la pena del Palau
El partido afronta una deuda de 4,3 millones y la condena de 6,6 del caso Palau
CDC bajará definitivamente la persiana. El histórico partido fundado en 1974 en Montserrat por Jordi Pujol y otros nombres destacados del nacionalismo catalán y que se encontraba en hibernación desde que el 2016 se refundó en el PDECAT tiene los días contados una vez ayer presentó concurso de acreedores en el juzgado mercantil número 9 de Barcelona como último paso previo a su disolución. La formación llega a esta situación con una deuda de 4,3 millones de euros y después de que el Tribunal Supremo confirmara este mes de abril la condena a CDC que le obliga a devolver 6,6 millones de euros por el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música.
El 30 de diciembre del 2019 el partido había presentado ya preconcurso de acreedores y, después de los tres meses preceptivos de negociaciones con los acreedores, tenía que formalizar el concurso el pasado 30 de marzo. La paralización de la actividad judicial a causa de la crisis del coronavirus impidió, sin embargo, que el trámite pudiera llevarse a cabo, y ayer, el primer día que los juzgados volvían a trabajar, se presentó. CDC tiene una deuda de 4,3 millones de euros (2,1 con Caixabank, 1,5 con Banc Sabadell y 0,7 con Banco Santander), derivados básicamente de créditos electorales, que según fuentes de la formación están “garantizados patrimonialmente”. Y a ello hay que sumar el embargo de algunas de sus sedes a raíz del caso Palau.
La cantidad embargada en su momento por el juez del caso Palau fue de 3,6 millones de euros, que el partido cubrió presentando 21 de los locales que tenía en propiedad como avales. La sentencia le condena, en cambio, a satisfacer 6,6 millones. Existe, pues, una diferencia de 3 millones de euros que habrá que ver cómo queda cubierta. Una vez presentado el concurso de acreedores, el juzgado tendrá que nombrar un administrador concursal, que tomará el control único del partido y de sus cuentas y que decidirá cómo se culmina la liquidación. El administrador concursal tendrá que solucionar, precisamente, cómo se cubren los 3 millones de diferencia que se producen a raíz de la sentencia del caso Palau, además de valorar si da luz verde a las cifras presentadas por la formación y comprobar los activos y pasivos que figuran en el concurso.
La resolución del concurso de acreedores puede abrir, además, un debate sobre si, llegado el caso, las siglas políticas herederas de CDC tendrían que asumir las deudas de CDC. La sentencia del Supremo no recoge si el PDECAT debería hacerse cargo de la sanción de 6,6 millones, lo que para el partido equivale a que “no le hace responsable”. El PDECAT, de hecho, se ha desentendido de esa hipotética responsabilidad y ha renegado siempre de la herencia de CDC en lo que a prácticas de corrupción se ha referido. Otra cosa es la herencia política, que sobre el papel pasó de CDC al PDECAT –a pesar que muchos no la reconozcan– e incluso a Jxcat, que de entrada fue el resultado de una coalición entre el PDECAT y CDC y después un partido político registrado por la dirección del PDECAT. De hecho, las siglas CDC forman parte de las últimas candidaturas de Jxcat al Parlamento Europeo y al Congreso.
CDC cesó en su actividad política el 8 de julio del 2016, en el marco de su 18.º congreso, previo al movido cónclave en el que dos días después se refundaría como PDECAT, y entre ambos se estableció un acuerdo de transitoriedad. A partir de aquel momento, CDC mantuvo su personalidad jurídica y no se disolvió todavía justamente para intentar dar una salida ordenada a su situación económica, que finalmente ha acabado en este concurso de acreedores. En el 18.º congreso fue nombrado presidente de CDC Jacint Borràs,
La histórica formación de Pujol fundada en 1974 cesó la actividad política el 2016 y desde entonces ha estado hibernada
padre de la exconsellera de Governació Meritxell Borràs y uno de los fundadores del partido el 1974, que en aquel momento declaró a La Vanguardia que “yo digo que ayudé a levantar la persiana y ahora ayudaré a bajarla”.
No pudo ver culminado el encargo, porque falleció en septiembre del 2017, pero siempre quedará como el último presidente de CDC, al que acompañaron Carles del Pozo como responsable de finanzas y Roser Olóndriz como defensora del militante. Y ésta fue la única estructura que tuvo desde entonces.