El relevo del juez del caso Torra da margen al president
El nombramiento de otro ponente puede afectar a los planes electorales
“Eso irá para largo”, dijo Quim Torra el miércoles previendo que su posible inhabilitación no se produciría antes de llegar el otoño, aunque fuentes del Tribunal Supremo habían apuntado hace un mes todo lo contrario. Lo dijo sin ser conocedor de la decisión del juez del Alto Tribunal Miguel Colmenero, designado como ponente en el recurso de casación presentado por Torra, que justo 24 horas después pidió apartarse del caso. Y es que el magistrado ha sido escogido como miembro de la Junta Electoral Central (JEC) y cree oportuno dejar en manos de otro juez el asunto “porque los hechos por los que fue condenado afectan a decisiones” de este mismo organismo. Si se acepta su abstención se tendrá que escoger un nuevo juez. No hay plazos fijados pero este nuevo trámite alarga cualquiera de los escenarios previstos por la defensa de Torra. En todo caso, desde Presidència se considera que todo retraso aumenta el margen del presidente para decidir cuándo convoca elecciones.
Torra presentó un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que lo condenó a un año y medio de inhabilitación y al pago de una multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia, ya que se negó a retirar la pancarta sobre los presos del 1-O y los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante el periodo electoral de abril del año pasado.
El caso estaba en manos de Colmenero. Pero ahora, con su solicitud de renuncia, el Supremo hará llegar la cuestión en la Fiscalía y a las partes implicadas para que emitan su posición. Tienen un plazo de diez días para hacerlo. Una vez se haya hecho, la Sala Segunda del Supremo tendrá que resolver si acepta la renuncia del juez y nombrar uno nuevo. El recién llegado tendrá que reanudar el asunto desde cero y estudiar si admite o no trámite el recurso. Si se admite o no es una cuestión sencilla de resolver, pero todo dependerá de la predisposición del juez y de si el Supremo resuelve enseguida su designación para el caso.
Torra ha mostrado varias veces su intención de agotar la legislatura, en diciembre del 2021, a pesar de haber asegurado el 29 de enero, tras reconocer que la legislatura del Govern JXCATERC “no tiene recorrido”, que anunciaría la fecha de las elecciones una vez aprobados los presupuestos del 2020.
Las cosas han cambiado. La grave crisis del coronavirus es la causa. Lo máximo que ha concedido recientemente el presidente es convocar las elecciones al Parlament una vez “se encauce la salida a la crisis”. Pero las modificaciones en el Supremo pueden hacer cambiar otra vez de opinión al cabo del Gabinete catalán.
La relación de Torra y Jxcat con Esquerra Republicana está casi extinguida. Solo el interés por apaciguar los efectos de la crisis sanitaria, económica y social de la pandemia mantiene en pie al Govern. Pero lo hace a la pata coja, porque los republicanos reclaman una vez y otra que el president clarifique el calendario electoral de una vez. En medio, se suceden los reproches entre unos y otros: “Desleal” e “irresponsables” son las acusaciones más habituales.
Ayer fue el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, quien volvió a demandar al presidente que consensúe un horizonte electoral. Que “busque el máximo consenso” con ERC, pidió Aragonès, a pesar de constatar que la potestad para convocar comicios es de Torra. Eso si el Supremo no acaba por intervenir y lo inhabilita.
El magistrado ha sido elegido miembro de la JEC y cree oportuno dejar el caso en manos de otro juez