Llueve sobre mojado
El primer día de reapertura de los juzgados en Catalunya estuvo marcado, en la Ciutat de la Justícia, por largas colas para realizar trámites legales o acudir a un juicio, fruto de las medidas y los controles para evitar nuevos contagios por el coronavirus. Y todo ello, con cita previa y ausencia de togas. Una imagen que, pese a la voluntad de intentar recuperar la sensación de que la administración de justicia vuelve a ponerse en marcha, no es más que la confirmación del endémico colapso que sufre desde hace años. La falta de medios humanos y materiales, especialmente los telemáticos, denunciada desde tiempos inmemoriales, se ha visto ahora agravada porque a la suspensión de miles de juicios y declaraciones por la pandemia hay que añadir la avalancha que se prevé de nuevas demandas y pleitos relacionados con la crisis económica. Solo en las semanas que llevamos en estado de alarma se han suspendido en Catalunya 75.000 juicios que ahora deben ser recolocados en las agendas de los jueces, y hay 124.000 resoluciones pendientes de ser notificadas.
La implementación de las nuevas medidas de seguridad –que algún magistrado calificaba ayer de escasas– obliga a cambiar el modo de trabajar. La desinfección de las salas tras cada juicio hará que se celebren menos vistas diarias. Y las normas solo permiten habilitar en la Ciutat de la Justícia, el mayor complejo judicial del país, la mitad de las salas, por lo que para evitar más retrasos se celebrarán juicios por las tardes. Lo que por ahora no habrá serán vistas por videoconferencia. El presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, lo ha definido con una claridad meridiana: “Encajar lo telemático con la ley de Enjuiciamiento Criminal, del siglo XIX, es complejo”.
Tanto el TSJC como la Audiencia de Barcelona han presentado su plan de desescalada, que más bien es un SOS demandando refuerzos, en especial para las jurisdicciones laboral y mercantil, para intentar mitigar el colapso. “Más medios”, era la petición desesperada de los máximos responsables de la judicatura en Catalunya, que implica no solo más personal, sino más espacio, pues en la Audiencia de Barcelona, por ejemplo, las reducidas dimensiones de las salas obligarán a trasladar los juicios con varios acusados a otros lugares que en este momento aún se están buscando.
La justicia catalana paga su falta de modernización. Sus niveles ínfimos de informatización y digitalización ralentizan la tramitación y resolución de los casos. Los juzgados catalanes no recuperarán la normalidad hasta entrado el 2021, una normalidad que ya funcionaba con demoras crónicas y medios obsoletos. La credibilidad de un sistema judicial empieza porque sea inmediato, eficaz y seguro. La suficiencia de medios deben garantizarla los gobiernos español y catalán, y urge que lo hagan porque las disfunciones al administrar justicia afectan a miles de ciudadanos que pueden sentirse desprotegidos. •
El coronavirus agrava el endémico colapso de la administración de justicia en Catalunya