Revés contra el Gobierno de Aragón por la desprotección de los sanitarios
El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón, al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales. El motivo fue la falta de equipos de protección individual adecuados para que los profesionales de la salud se protegieran contra el virus de la Covid-19, con el consiguiente riesgo de contagio.
La sentencia obliga a las instituciones aragonesas implicadas a proporcionar los equipos adecuados de protección individual a los sanitarios del grupo de clasificación A en todos los centros sanitarios y sociosanitarios, públicos o privados, de la provincia.
Pese a que hoy la situación de desabastecimiento en los centros en Teruel y el resto de Aragón se encuentra superada, fuentes del sindicato denunciante, Fasamet, indican que la sentencia puede sentar un precedente y un aviso en caso de un posterior rebrote.
Durante el juicio, celebrado el pasado 21 de mayo, los denunciantes atribuyeron a esta falta de previsión inicial el contagio de 118 sanitarios en la provincia de Teruel, un 20% de la población afectada. Jesús Martínez Burguí, médico de Urgencias y presidente de la junta de personal del hospital Obispo Polanco de Teruel, comentó a La Vanguardia que “la falta de material ante la avalancha de enfermos, especialmente de batas, gafas y mascarillas, nos obligó a reciclar continuamente los elementos usados, lavándolos con lejía y protegiendo las batas sucias con plásticos encima. Fueron momentos muy duros y estresantes. En urgencias tenemos cierta experiencia en afrontar emergencias como la gripe A, pero la situación en los centros de atención primaria fue muy precaria”. Martínez reconoce que la Covid 19 “nos cogió a todos un poco con el pie cambiado, pero la Administración tardó demasiado en mandarnos el material necesario. A veces no fue ágil en las subastas y en otras ocasiones llegaron mascarillas en mal estado. Ahora ya no existe el problema”.
La de Teruel puede ser la primera de otras sentencias condenatorias en Aragón contra las instituciones sanitarias de su gobierno. En Huesca se celebró un juicio similar el pasado 28 de mayo, y en Zaragoza está previsto otro hoy. La sentencia centra el debate jurídico en la tutela de derechos fundamentales y la prevención de riesgos laborales, sosteniendo que la administración “debe de asegurar “en todo momento la protección del personal que se encuentra a su servicio”.
La magistrada rechaza las alegaciones del Gobierno de Aragón, que alegó hallarse ante “un supuesto de fuerza mayor, imprevisible e inevitable” y replica que la administración autonómica debió actuar “según el principio de precaución exigible.
La sentencia no conlleva el pago de indemnizaciones a los sanitarios contagiados. El presidente de Fasamet Teruel, Leandro Casarel, manifestó que “en ningún momento hemos buscado compensaciones económicas ni personales con estas acciones jurídicas. Esperamos que con sentencias como esta puedan evitarse en el futuro el sufrimiento innecesario, los numerosos contagios e incluso la muerte de compañeros de atención primaria por la falta de previsión y negligencia de las autoridades sanitarias”.
Una sentencia ve inadmisible el contagio de 118 profesionales de la salud