La gestión de la pandemia discriminó a los ancianos de las residencias
Familias de muertos en residencias piden investigar por qué no fueron hospitalizados
La sospecha de que los ancianos que vivían en residencias fueron discriminados en las admisiones de los hospitales durante las semanas más críticas de la pandemia va tomando cuerpo a medida que pasan los días.
La dramática lucha por salvar vidas a toda costa tuvo sus víctimas entre los eslabones más débiles. No todos tuvieron las mismas oportunidades en la “sanidad de guerra” puesta en práctica en aquellos días. Lo ocurrido plantea un dilema ético sin precedentes.
Así lo acredita el testimonio de familiares, directores y trabajadores de residencias y de centros de dependientes y asistentes sociales consultados por este diario.
Estos testimonios constituyen la otra cara de la pugna política suscitada en diversas comunidades –Madrid, Catalunya, o Galicia entre otras– a raíz de la filtración de documentos internos del propio sistema sanitario en los que se daban instrucciones precisas para no trasladar a los sobrecargados centros hospitalarios a personas con determinada edad o determinadas características funcionales o vitales.
En realidad, la discriminación de enfermos no es reprochable desde un punto de vista médico. Hay personas cuyas circunstancias vitales podían desaconsejar el traslado a un hospital porque podría acabar provocando más sufrimiento en su situación terminal. El problema se produce cuando la discriminación adquiere un carácter general, cuando se aplica de modo indiscriminado.
“Todo, desde el principio, fue un auténtico desastre. No había manera de trasladar a un solo enfermo a los hospitales. En el 061 me lo dejaron claro desde el principio. No se podían hacer derivaciones”, explica Albert Valenzuela propietario de una residencia en el Eixample de Barcelona donde acabaron falleciendo ocho usuarios.
“El día 20 [de marzo] –explica la directora de una residencia de Mollet que prefiere mantener su identidad en el anonimato– tuvimos una reunión con el médico de asistencia primaria y allí fueron muy claros: no se podía hacer ninguna derivación hospitalaria”.
Misma palabras y mismos resultados. Esas eran las instrucciones y así se aplicaron. De hecho, en este centro, del 23 de marzo al 5 de abril, cuando se produjo el punto álgido de la epidemia, se intentaron 15 derivaciones a los hospitales, pero solo dos fueron admitidos 2. El resto se quedaron en la residencia, en muchos casos, con paliativos.
“Llegó un momento –explica Cinta Pascual, la presidenta de una de las principales patronales de residencias ACRA– en que todas las peticiones de derivación acababan en lo mismo: morfic, morfic, morfic…”.
Morfic es la palabra con la que se definen los enfermos terminales a los que se aplican paliativos. Todo ocurrió en pleno confinamiento, con las puertas de las residencias de ancianos cerradas a cal y canto, en medio del caos en los pasillos de los hospitales y los centros de asistencia primaria desbordados.
El estado de alerta y los sucesivos decretos que siguieron a éste atribuyeron a las comunidades autónomas plenos poderes para poder actuar en las residencias de ancianos tras identificarlas como el eslabón más débil del sistema de servicios a la dependencia. En el caso de Madrid y en el de Catalunya, la tutela de la administración pasó de las consejerías de Servicios Sociales a las de Sanidad o Salut.
Desde el 20 de marzo, las decisiones médicas sobre los residentes recayeron sobre los ya de por si desbordados profesionales de los centros de asistencia primaria de referencia de cada una de ellas. Las residencias, por ejemplo, perdieron la potestad de pedir una ambulancia para trasladar a enfermos por su propia cuenta.
Entre tanto, en las propias residencias el personal –en muchas ocasiones mal preparado y peor protegido– libró una batalla contra la pandemia tan o más titánica que la que tenía lugar en los hospitales y mientras el sistema sanitario les daba la espalda en muchas
Los directores de algunos geriátricos denuncian que se les privó de auxilio médico en los hospitales
ocasiones. En Catalunya, tras filtrarse a la opinión pública un controvertido documento del SEM en el que se restringían las derivaciones, la consellera de Salut, Alba Vergés admitió que la gestión en las residencias había tenido momentos críticos pero defendía que el Govern ya había tomado las riendas de la crisis. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el departamento habitualmente responsable de los geriátricos, defendió un cambio de modelo de gestión.
Nada de ello convenció a las familias de las víctimas, que han empezado a presentar demandas en la fiscalía para que se aclare qué sucedió y si, como sospechan, “se limitó el esfuerzo terapéutico”.
La demanda presentada en Catalunya, promovida por la asociación Residencias 5+1, ha sido suscrita por más de doscientas personas y afecta ya a más de treinta residencias amén de la propia administración. Pedimos que se investigue caso por caso “por qué no se derivó a los enfermos a los hospitales”, explica Maria José Carcelén, portavoz de la asociación. En Madrid también se han cursado otras demandas similares. De hecho, la Fiscalía General del Estado cifró el pasado 25 de mayo en más de 180 las causas civiles y penas abiertas en España por la gestión de los geriátricos.
El pasado jueves el Síndic de Greuges de Catalunya hizo público este jueves un informe sobre los derechos y la salud durante la crisis de la Covid-19. En este documento resalta un párrafo que verifica una vez más la existencia de una discriminación genérica: “La saturación del sistema sanitario ocasionó que no se pudiesen hacer las derivaciones hospitalarias oportunas especialmente teniendo en cuenta que las personas ingresadas en las residencias de mayores son el colectivo más vulnerable”.
Fuentes del Síndic de Greuges precisaron posteriormente que esta afirmación incluida en su informe procede de las quejas que presentaron familiares y trabajadores de las residencias y que, por el momento, esos datos no se habían podido contrastar con los dos departamentos de Treball, Afers Socials i Famílies y de Salut.
Una demanda interpuesta en la Fiscalía de Catalunya acumula ya más de doscientas firmas