Ranas en agua hirviendo
La revuelta social en EE.UU. hace aflorar un poder autoritario que amenaza al proceso electoral con apoyo de jueces y policías
Desde el 11 de septiembre del 2011, Estados Unidos y el resto de países occidentales viven en un estado de emergencia intermitente. El poder ha cambiado los términos del orden establecido y nosotros lo hemos aceptado, cediendo libertades en aras del bien común. El terrorismo y la crisis han sido los argumentos de las autoridades para endurecer las leyes y permitir que la policía actúe con mayor discrecionalidad. Los jueces y los cuerpos de seguridad se han reforzado en unos estados que temen la rebelión de sus ciudadanos. Lo hemos visto en España y lo estamos viendo ahora también en las revueltas populares que sacuden Estados Unidos.
Los agentes cargan contra los manifestantes pacíficos y el equilibrio entre las libertades constitucionales y la seguridad colectiva se deteriora. El Estado polarizado impone el uso de la fuerza policial y militar para someter la crítica y la indignación, para abrir paso al presidente que, Biblia en mano, busca una foto heroica frente a la fachada tapiada de la iglesia de San Juan.
Trump ha embellecido su racismo y autoritarismo con un falso acto religioso. Es propio de un tirano, como también lo es invocar la ley y el orden frente a una mayoría que exige justicia. La justicia lo es todo. Cuando el Estado responde con brutalidad policial a la demanda generalizada de justicia es que la república, tal como la conocemos, corre mucho peligro.
Los jueces hace tiempo que tomaron partido. En EE.UU. fue durante los peores años de la segregación racial pero también en las elecciones del 2000 que enfrentaron a Gore y Bush. El Tribunal Supremo intervino en una disputa electoral que no le competía para otorgar la victoria al candidato republicano. El juez Stevens, uno de los nueve que entonces componían el alto tribunal, dejó escrito que con aquella decisión se había roto “la confianza de la nación en el juez como guardián imparcial de la ley”.
Estos jueces no son elegidos, no responden a la voluntad popular y no han de rendir cuentas a nadie salvo al poder político. Trump se afana para que coman de su mano. Le falta uno para dominar el Supremo.
Ha nombrado a más de 200 en tribunales federales y confía en llegar a 300. Son los soldados del trumpismo. Ellos protegerán el orden que ahora se crea.
Los jueces, como los políticos, invocan la Constitución al verse acorralados por el sentido común de la opinión pública. La Casa Blanca ha mencionado dos leyes en los últimos días. La de Insurrección, que permitiría el despliegue del ejército en caso de rebelión, y la Antidisturbios, que equipara la protesta política organizada con la violencia organizada.
Los republicanos más radicales, que son los más próximos al presidente, ya no distinguen ente manifestante y saqueador, entre ciudadano y terrorista. El senador Tom Cotton (Arkansas) ha escrito esta semana en The New York Times que el ejército debería actuar “sin piedad” contra “los anarquistas y saqueadores”. Cotton es veterano de la guerra de Irak y “sin piedad” –en inglés no quarter– es un término militar para aplastar al enemigo aunque pida la rendición.
La policía, cada vez más militarizada, tiene protección judicial para actuar sin piedad, especialmente contra los negros. Uno de cada tres previsiblemente entrará en prisión. Es lo que dicen las estadísticas, es lo que impone el sistema. El Tribunal Supremo considera que un policía tiene “inmunidad cualificada” en el uso de la fuerza siempre que actúe “de buena fe”. Aunque viole un derecho constitucional, corresponde a la víctima demostrar, de manera “claramente determinada” que ese derecho es suyo. Un vagabundo que, sin haber cometido ningún delito, fue desfigurado por un perro policial no pudo probar que tenía un derecho “claramente determinado” a no ser atacado y desfigurado porque ningún tribunal se había pronunciado antes sobre un caso igual.
La justicia se decanta y la base aplaude. Trump cuida a la base y la base responde. Pidió a su gente que se opusiera al confinamiento y grupos armados se plantaron en el Capitolio de Michigan para criticar e intimidar a las autoridades que luchaban contra la pandemia. Grupos de jóvenes supremacistas con bates de béisbol bajaron el lunes al centro de Filadelfia a medirse con los manifestantes antirracistas.
Al menos doce personas han muerto y decenas han resultado heridas en los disturbios que arrancaron hace casi dos semanas en Minneapolis.
Las tiranías tienen jueces y militares a su servicio, tienen grupos paramilitares y de presión, bases enfebrecidas y medios de comunicación que han perdido la capacidad de explicar las cosas como son. Disponen, por tanto, de todo lo que necesitan para subvertir la democracia.
¿Qué está haciendo Trump de cara a las presidenciales de noviembre? Atacar el voto por correo porque una participación baja le favorece, promover la presencia de militares retirados en los colegios electorales con la excusa de que así se combate el fraude cuando lo único que busca es intimidar a los pobres y los negros, agravar al máximo el conflicto racial con la esperanza de que pueda desplegar al ejército y el proceso electoral se vea tan alterado que sea imposible celebrar unas elecciones libres. Necesita cuatro años más apuntalar el trumpismo.
¿A dónde va Estados Unidos? ¿A dónde vamos todos?
Las ranas mueren en el agua hirviendo casi sin darse cuenta. Se adaptan a la temperatura hasta que es demasiado tarde. Nosotros también nos adaptamos a todo. Disimulamos para sobrevivir. Callamos hasta que la rodilla del sistema nos oprime el cuello y entonces morimos o saltamos. Afortunadamente, hay millones de ranas saltando en las capitales de medio mundo.
Es propio de un tirano invocar la ley y el orden frente a una mayoría que exige justicia