La juez acelera la causa del 8-M mientras la Fiscalía estudia su postura
El delegado del Gobierno en Madrid declarará como investigado el miércoles
La juez que investiga la gestión sanitaria del Gobierno ha puesto el pie en el acelerador de la causa. Aunque ella misma advirtió en su primera resolución cuando inició la investigación que no era un asunto urgente, fuentes próximas al caso sostienen que la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid lo ha tratado como tal. El pasado 25 de marzo, la magistrada Carmen Rodríguez-medel abrió diligencias contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras recibir una denuncia de un particular, aunque rechazó investigar al resto de miembros del Gobierno al estar aforados ante el Tribunal Supremo.
Entre las diligencias que acordó, hubo dos que eran clave, el informe del médico forense para conocer si las manifestaciones celebradas en marzo fueron la causa de un incremento de contagios por coronavirus, y otro informe a la Guardia Civil para que apuntalara si la delegación del Gobierno tuvo conocimiento y si fue informada del riesgo real de contagios existentes en esas fechas. La denuncia iba por un delito de prevaricación administrativa por omisión, y la juez inicialmente añadió otro de lesiones, que después corrigió y eliminó de la investigación. El origen de la investigación era averiguar si, a sabiendas del riesgo existente, se permitieron una serie de manifestaciones y actos multitudinarios hasta el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma, entre los que estaba el 8-M y un acto de Vox en Vistalegre. Aunque en aquel primer auto la instructora advertía expresamente que aquellos informes requeridos no eran urgentes y que deberían, por tanto, practicarse cuando su disponibilidad lo permitiera a la vista de la evolución del estado de alarma, el forense entregó el suyo a las pocas semanas, en el que mantuvo que no se podía establecer una relación causa-efecto entre los actos y los contagios.
A mediados de abril, la juez ya lo tenía encima de la mesa, y unas semanas más tarde llegó el de la Guardia Civil, un documento de 83 folios en el que se incorporaban todos los expedientes administrativos de la Delegación del Gobierno, así como declaraciones a testigos. Nada más recibir el informe, la juez comunicó la citación como investigado de Franco y una serie de testigos como altos cargos de la delegación. El movimiento de la instructora coincidió con la destitución del jefe de la comandancia de Madrid de la Guardia Civil, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por supuestamente negarse a informar sobre el contenido del informe al Ministerio del Interior.
El primer informe de la Guardia Civil se remitió al juzgado el 21 de mayo y la juez comunicó el día 25 que citaba a Franco para el próximo día 10 de junio. Días después, el pasado 1 de junio, los investigadores entregaron un nuevo informe de casi 300 folios y la juez dictó otra providencia con una nueva oleada de interrogatorios para el día 11. En este caso, escuchará a cinco trabajadores de la Delegación y a tres convocantes de manifestaciones que solicitaron los correspondientes permisos antes del 14 de marzo.
Mientras tanto, la Abogacía del Estado, que representa a Franco, está esperando respuesta a dos recursos presentados, primero contra la apertura de diligencias y segundo contra la citación del delegado. La juez ha decidido dar traslado al fiscal para que informe sobre su postura. La instructora le dio un plazo, pero fuentes fiscales advierten que los plazos han estado suspendidos por el estado de alarma y se han reanudado este pasado jueves día 4, por lo que todavía está a tiempo para informar. Mientras la Fiscalía
El sindicato mayoritario de la Policía, Jupol, también se querella contra Franco y Simón
estudia qué postura mantener, las querellas siguen aumentando y la juez no espera. Se han personado ya en este asunto varias acusaciones populares, que además de acusar a Franco van contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. La última ha sido la presentada por el sindicato mayoritario de la Policía, Jupol. Por ahora, la instructora se ha negado a investigarle, aunque el último informe de la Guardia Civil va dirigido a apuntar su responsabilidad en los hechos.