Madrid desatendió a sus mayores en plena crisis Covid
Un documento interno advirtió de que “podrían morir de forma indigna”
La desescalada sanitaria de Madrid, que el lunes entra en fase 2 junto a Barcelona, está dejando al descubierto las políticas sociales aplicadas por su gobierno regional de coalición (PP-CS) durante las rampas más duras de la curva de infección por Covid-19 en la región y entre ellas figura es establecimiento de varios “criterios de exclusión” de derivación hospitalaria de los mayores que vivían en residencias de la región.
La denuncia ha partido del propio consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), en guerra con su homólogo de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP), después de que éste le despojase de buena parte de sus atribuciones con la constitución del mando único en la lucha contra el coronavirus. Reyero ha reconocido que el 22 de marzo, días antes de serle retiradas las competencias, advirtió a Ruiz Escudero en sendos correos –que nunca obtuvieron respuesta–, de que, si no se medicalizaban con urgencia los geriátricos, “muchos residentes podrían “fallecer de forma indigna”. Y que negar el auxilio a las personas con discapacidad de cualquier edad supondría “incurrir en una discriminación de graves consecuencias legales”.
Atado de pies y manos por la divulgación de estos documentos, a Ruiz Escudero no le ha quedado otra que reducir el protocolo a la categoría de borrador y argumentar que se barajaron hasta seis antes de estructurar la documentación final. En una entrevista en Onda Madrid, el consejero de Sanidad reconoció ayer que “había sido un error enviar ese borrador” y enfatizó que el protocolo definitivo ha permitido realizar cerca de 9.600 traslados de residencias a hospitales con “criterios clínicos” para, finalmente, asegurar que desde su Consejería se ha hecho “todo lo humanamente posible por tratar de curar a nuestros mayores.
Sus explicaciones, sin embargo, no logran neutralizar la principal acusación de Reyero, quien estima que la mera toma en consideración de un plan que “desaconsejaba” que los ancianos con problemas de movilidad o deterioro cognitivo fueran “derivados desde las residencias a los hospitales”, hace dudar de “la ética y la legalidad” del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
El problema no acaba aquí para el equipo presidido por Isabel Díaz Ayuso, dado que la documentación filtrada será esgrimida como prueba en la posible investigación política y judicial de lo sucedido en las residencias de Madrid, donde, hasta la fecha, se han contabilizado más de 6.000 muertes con covid-19 –o con síntomas de la enfermedad– en los geriátricos de la región.
De hecho, a finales de mayo 25 familiares de personas fallecidas en residencias de Alcorcón y Leganés se querellaron contra Ayuso y sus consejeros de Sanidad y Justicia por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante. Una querella que el juzgado de instrucción número 39 de Madrid remitió ayer al Tribunal Supremo en base al aforamiento del que goza la presidenta autonómica.