Un conflicto ético

“La respuesta sanitaria –evitar el colapso de los hospitales y salvar el mayor número de vidas– se ha impuesto al resto de criterios que también deberían haber sido tenidos en cuenta, como el de justicia y equidad, y eso ha hecho más vulnerables a los que ya lo eran de por sí”, subraya Elisa Abellán, presidenta del Consejo de Deontología Profesional del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña (TSCAT). Abellán no se refiere en este caso a las residencias de ancianos sino a otro colectivo que también se ha visto afectado: el de los discapacitados intelectuales. De hecho, hay diversas entidades del sector que están investigando casos concretos de falta de auxilio.

El Consejo, admite Abellán, ha “atendido y deliberado sobre la preocupación por parte de profesionales del Trabajo Social, de las dificultades de acceder a la asistencia médica necesaria a personas con discapacidad intelectual en los peores momentos de la crisis”. Y subraya la complejidad del escenario –bajo la presión de una “sanidad de guerra”– en que se han podido tomar estas decisiones, una coyuntura en la que era difícil sopesar los problemas éticos que plantaba. Sin embargo el Consejo de Deontología estima que las medidas adoptadas “plantean inevitables conflictos como el deber del cuidado de la salud individual frente al deber de preservar la salud y la vida de los otros”.