La fina línea de las libertades
Solo en el terrible miedo a enfermar y en un espontáneo pero efímero sentido de solidaridad se justifica que la ciudadanía haya acatado un confinamiento tan estricto como el de España. Entiéndanme, no lo cuestiono, al contrario: solo hay que acercarse a los datos de la evolución de la pandemia. Sí constato cómo casi todos nos hemos plegado sumisamente al control del Estado como nunca antes hubiéramos imaginado.
Ochenta y cinco días después, seguimos confinados, y sin que haya habido debate alguno sobre el impacto de las medidas en las libertades civiles. Si es así será por el miedo a morir, decíamos, y porque el gobierno nos ha controlado con un entramado legal sólido y ha funcionado la concienciación.
Sin una cosa o sin la otra, a saber cuál habría sido la respuesta.
Más de media España, con Madrid y Barcelona rezagadas, entra ahora en una nueva fase, en sentido literal y figurado. A la vista está en las terrazas de los bares y en las playas. Hay más relajación. Las cosas están cambiando mucho más rápido que decayendo está el estado de alarma, que no se finiquita hasta el día 21. La situación varía, sí, pero no la lógica del virus. Hay que seguir teniéndolo a raya aun cuando todos corramos saltando como liebres por la calle. Así que la única manera de hacerlo es recurrir al rastreo de contagiados, la detección de los contactos y el aislamiento. ¿Cómo se hace ese rastreo? Por dos vías: manual (equipos de rastreadores desde la atención primaria y PCR en los centros de salud) y la tecnológica. Aquí, al uso de la tecnología para el escrutinio masivo de los ciudadanos, es donde quería llegar: hay que trazar los movimientos de los portadores y su entorno si no se quiere que el virus vuelva a enseñarnos los dientes.
Aunque pueda parecer más simple, este control es mucho más sofisticado que el ejercido para tenernos encerrados en casa. Existe el riesgo de que el Gobierno o las plataformas tecnológicas que lo hacen posible con sus protocolos pisen líneas rojas, como la privacidad de los datos.
Esta semana en los dispositivos Android ha aparecido una nueva opción en los ajustes del teléfono móvil: “Notificación de exposiciones a la Covid-19”. Tranquilos, resulta inocua: ni Google ni Apple nos vigilan. Esta opción está inactiva porque de momento no hay aplicaciones oficiales que puedan aprovecharla. De momento.
Esa repentina aparición en nuestro móvil ha generado ciertas suspicacias, lógico. La pérdida de libertades nunca es transitoria. Sabemos que el gabinete de Nadia Calviño lleva trabajando desde abril en una app de rastreo que supuestamente cumple con todos los estándares de seguridad: la descarga es voluntaria, utiliza el Bluetooth (no la geolocalización), el rastreo se hace con datos anonimizados y se desinstalaría automáticamente acabada la pandemia. La prueba piloto en Canarias ya debería haber empezado, pero nada se sabe.
En teoría nuestra privacidad no correría peligro, ¿no? Debatámoslo. También habría que considerar si esta app de rastreo tendrá alguna utilidad real ya que su efectividad depende de que se la descargue el 60% de la población, que existan equipos humanos de rastreo para hacer el seguimiento posterior o que no genere una avalancha de falsos positivos que desborden el sistema.
El asunto despierta demasiados recelos para despacharse con el silencio.
La app de rastreo genera dudas sobre la privacidad: si el Gobierno va a activarla, debe explicarlo bien