La prueba de fuego para Delgado
La Fiscalía ha solicitado el archivo del 8-M, la acusación por sedición a Trapero y la investigación al rey emérito
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha enfrentando esta semana a su primera prueba de fuego. Tras su polémico nombramiento, al ser elegida para ese cargo por el Gobierno de Pedro Sánchez siendo ella ministra de Justicia, todos los focos estaban puestos en su gestión. Aterrizó en el palacete de Fortuny a finales de febrero, con la pandemia por el coronavirus ya sobrevolando. Sus primeras decisiones fueron los decretos para la organización de la carrera fiscal ante la emergencia sanitaria que venía. Con el decreto del estado de alarma se suspendieron prácticamente todas las actuaciones judiciales. Por tanto, no ha sido hasta el día 4 de junio que arrancó toda la actividad judicial cuando se han tomado las primeras decisiones de especial relevancia, por lo menos mediática. La postura sobre el caso 8-M, la acusación al mayor de los Mossos d’esquadra Josep Lluís Trapero, o la investigación al rey emérito Juan Carlos I ha llevado a que los principales partidos de la oposición califiquen a Delgado de “fiscal patriótica”. Fuentes fiscales reconocen que todo su mandato como fiscal general va a mirado con lupa y se va a poner en entredicho cualquier actuación que se adopte. Sin embargo, desde esta institución se recuerda que Delgado no tiene tanta capacidad de maniobra para intervenir en ciertos casos, porque existen mecanismos de control. Las órdenes que se remitan a cada fiscal deben ir por escrito y si éste se opone se puede plantear un artículo 27 del Estatuto Fiscal y llevar la orden del fiscal general ante la junta de fiscales. Estas fuentes reconocen que si esto llegara a ocurrir trascendería a la opinión pública.
Trapero
Rebaja de rebelión a sedición
La semana arrancaba el lunes con el anuncio por parte de la Fiscalía de rebajar la petición de pena de 11 años de prisión por un delito de rebelión a 10 años por el de sedición para el mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero, por su participación y papel en el procés. Las críticas de PP y Vox no tardaron en llegar calificando a Delgado de “fiscal patriótica”. La actual fiscal general fue miembro del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuando se habló de “desinflamar” la situación en Catalunya tras la tensión producida por el 1-O y la declaración unilateral de independencia que llevó a los principales líderes independentistas a prisión. La decisión de rebajar la petición de pena para Trapero se vio desde algunos sectores como una maniobra liderada por Delgado para hacer un guiño a los partidos independentistas.
No obstante, esta decisión estaba ya entre los planes de los fiscales encargados del caso antes de que Delgado llegara a la Fiscalía General. La principal razón es que el Tribunal Supremo ya calificó aquellos hechos como sedición y descartó la tesis del ministerio público de la rebelión. La modificación era obligada. La rebaja de 11 a 10 años de cárcel también tiene un sentido técnico, tal y como recuerdan fuentes fiscales. El máximo responsable de la conselleria de Interior en 2017, Joquim Forn, la persona que estaba por encima de los mandos de los Mossos, fue condenado por el alto tribunal a 10 años y 6 meses. El ministerio público siempre tuvo claro que la petición a Trapero debía ser inferior a la de Forn. Cuando se presentó el primer escrito de acusación en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos todavía no se había celebrado el juicio en el Tribunal Supremo.y en cuanto a la decisión de incorporar la alternativa de desobediencia, la razón es evitar que si el tribunal no ve suficientes indicios para condenar al máximo responsable de la policía autonómica por sedición, ofrecerle una alternativa para evitar su absolución. “Es posibilismo jurídico”, explican fuentes fiscales. De esta manera, además, se evita que el tribunal emita una “tesis de desvinculación”, y ponga en evidencia que no ha podido condenar al acusado por no tener una alternativa.
8-M
Dar carpetazo a la investigación
La postura de la Fiscalía sobre la responsabilidad penal del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8-M en plena emergencia sanitaria, finalmente ha sido aceptada por la juez, que el viernes archivó la causa. Desde distintos sectores, en esta decisión de la Fiscalía se vio la intervención de Delgado para evitar abrir causas penales contra el Gobierno por la gestión sanitaria. La Fiscalía de Madrid no vio indicios de delito al estudiar la causa y así lo trasladó a la Fiscalía
General, donde se les instó entonces a solicitar el archivo. Ahora la clave será la postura del ministerio público en el medio centenar de querellas presentadas contra el Gobierno en el Supremo. Todos los asuntos quedarán en manos del teniente fiscal del alto tribunal, Luis Navajas, el número dos de la carrera fiscal a punto de jubilarse y persona que ocupa ese cargo desde 2014.
Juan Carlos I
El rey emérito, bajo la lupa judicial
Delgado decidió la semana pasada que la investigación abierta desde hace dos años por Fiscalía Anticorrupción y que afecta al rey emérito pasara a manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo. La explicación que se ofrece desde la institución es que es una persona aforada y por tanto ese asunto tenía que estar en otras manos. “Hay instituciones que requieren de una especial prevención y cuidado”, advierten estas fuentes. La investigación de Anticorrupción sobre unas presuntas comisiones por el AVE a La Meca estaba muy centrada en el papel del monarca y era hora, según el criterio de Delgado, de llevar el asunto a las manos correspondientes. Esta Fiscalía acordará más diligencias antes de decidir si se actúa criminalmente contra Juan Carlos I.