Hacienda debe condonar la deuda autonómica
El Gobierno debe plantearse condonar ya la deuda de las comunidades y dejar de cobrarles intereses. Primera medida para darles recursos frente a la crisis
El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para financiar los costes extraordinarios que ha generado para las comunidades utónomas la pandemia en el ámbito sanitario y de la educación. Pero lo ha hecho de manera tal que se ha enredado en un choque político con buena parte de los presidentes de esas administraciones, Catalunya incluida, a cuenta del criterio de reparto de los nuevos recursos.
Lo curioso del asunto es que para decidir cuánto recibe cada una, el ministerio de Hacienda, que dirige la también portavoz, María Jesús Montero, se ha adentrado en una especie de bosquejo de modelo simplificado de financiación autonómica a pequeña escala. Primero definiendo unos criterios, para modificarlos después, referidos a la población y al cálculo de la afectación sanitaria. Lo dicho, parecería más el prolegómeno de las clásicas aproximaciones para abrir negociaciones para pactar un nuevo modelo, antes que un reparto de urgencia de recursos esenciales para apuntalar los servicios públicos básicos en un momento de presión extrema.
Es obvio que la negociación de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, aunque imperativo desde hace mucho tiempo, porque el actual lleva ya más de una década vencido, tiene muy pocas posibilidades de acometerse ahora; tampoco en un futuro próximo. Se antoja imposible. Como sucedió en la anterior crisis, la de la Gran Recesión, los recursos del Estado están hundidos –consumo deprimido, beneficios empresariales transformados en pérdidas, gastos disparados– y sin una recaudación fiscal suficiente, es decir con un déficit público galopante y sin fuentes para crear instrumentos que mejoren la financiación de las autonomías, es imposible desplegar un nuevo sistema y, en consecuencia, materializar los acuerdos para hacerlo viable. En este frente, como en tantas otros, las circunstancias obligarán a una gestión de corto plazo.
Más allá del posible interés político en hacer propuestas de reparto que rompan la homogeneidad de la oposición –los ejecutivos de las comunidades autónomas responden siempre a las propuestas del Gobierno central en función de sus necesidades económicas inmediatas, más que pensando en estrategias generales– y teniendo en cuenta que los 16.000 millones ahora anunciados se consumirán rápidamente, lo que obligará a la creación de fondos de reparto adicionales, sería más lógico que Hacienda se planteara mecanismos más útiles, rápidos, eficaces y sencillos.
Y en primer lugar, debería pensar qué se plantea hacer con las deudas de las comunidades autónomas con el Estado, unos 181.000 millones de euros, a través de diversos mecanismos creados durante la crisis, el más famoso el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del ministro de Hacienda del anterior gobierno del PP,
Cristóbal Montoro, y ahora contablemente agrupados en el Fondo de Financiación.
No tiene sentido que las comunidades autónomas estén recibiendo nuevos fondos del Estado, y que a su vez este obtiene de emitir nueva deuda en los mercados, mientras aquellas le pagan miles de millones de intereses.
Por ejemplo, los presupuestos de la Generalitat incluyen casi 900 millones de gastos en intereses y más de 1.200 de gasto financiero, mayoritariamente en pagos al Estado, ya que este ya es titular de cerca del 80% de su deuda total, 61.000 millones sobre 79.500 millones. ¿No sería más razonable que Hacienda elaborase un programa de condonación escalonada de esa deuda, en función precisamente de criterios como el gasto asumido, el impacto de la crisis sanitaria o sus necesidades más urgentes? ¿Va a mantener la ficción de contabilizar como deuda a cobrar esa enorme masa impagable de pasivos de las comunidades? Políticamente, ¿es conveniente y necesario mantener ese esquema contable, estigma de una crisis anterior y recuerdo político de las consecuencias, entre otras, de un injusto y desequilibrado sistema de financiación autonómica que acabó penalizando a comunidades punteras, como en el caso de Catalunya, un motor de la economía española y su corazón industrial?.
O, también, que utilizara las herramientas vinculadas a esos fondos ya existentes para hacer llegar dinero a las comunidades autónomas, en este caso no como deuda sino como financiación directa no reembolsable, sin complicar las cosas con nuevos fondos y mecanismos y el consiguiente choque sobre los criterios de reparto.
Al fin y al cabo, no dejaría de ser una aplicación más audaz a escala de Estado de lo que el Banco Central Europeo (BCE) viene haciendo con la deuda de los países de la eurozona. Con sus famosos programas de compras, el regulador monetario del euro está modificando las condiciones financieras, pues rebaja los tipos de interés, el coste de financiación de los Tesoros nacionales. También los plazos, al renovar la financiación al llegar los vencimientos y permitir a los gobiernos alargar el periodo de maduración. Una especie de reestructuración de deuda sin reconocimiento ni negociaciones formales.
Como resultado, la acción del BCE hace la deuda más sostenible y da tiempo y margen de maniobra a la política económica a los gobiernos para enfrentar shocks como el de la pandemia del coronavirus sin amenazas de insolvencia por falta de liquidez.
El Gobierno se enreda en una discusión por el reparto de fondos; tal vez debería usar mecanismos ya existentes