Lecciones políticas de una pandemia
Esta es una crónica de la gestión política de la pandemia del coronavirus en España. Los políticos y expertos consultados reconocen que se llegó tarde. En ocasiones hubo más colaboración de la que el ruido partidista deja entrever.
Cuando Salvador Illa fue elegido ministro de Sanidad, su antecesora, la popular Dolors Montserrat, después de felicitarle, le recomendó conocer “a la gente del CCAES” y, en especial, a Fernando Simón. Le vino a decir que si iban mal dadas en ese ministerio, sería por ese flanco. El CCAES es el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y Simón ha adquirido tal fama que su imagen circula estampada en camisetas y bolsas de playa. Pocos meses después, en el Congreso y en plena pandemia, el ministro Illa le aconsejaba a una diputada del PP que felicitara a Ana Mato, mano derecha de Rajoy, por haber creado ese centro y fichado a Simón.
La cartera de Sanidad es una de las menos codiciadas del Gobierno. Illa accedió a ese ministerio como cuota del PSC, con la misión de ayudar a engrasar las relaciones con ERC. Pero la pandemia le convirtió en el ministro con más poderes de la democracia, en un Ejecutivo que ha tenido que aplicar un estado de alarma que limita derechos fundamentales como la libertad de movimiento. A continuación se recuperan pasajes de esta crisis a partir de entrevistas con políticos y técnicos que han pedido el anonimato, cuando se cumplen tres meses de estado de alarma.
SE LLEGÓ TARDE, SIN DUDA “Visto con perspectiva, teníamos que haber hecho algo el día 1”
“A toro pasado...”, es la frase más repetida por políticos y técnicos. Un vistazo a las declaraciones de unos y otros semanas antes del estado de alarma corrobora la impresión generalizada de que la epidemia podía quedar recluida en Asia, como otras veces. El president Quim Torra atribuye la suspensión del Mobile World Congress el 12 de febrero a “la epidemia del miedo”. No es el único. Casi todos respaldan esa opinión. Pero el grave error es no calibrar lo que pasa en Italia.
El ministro Illa sigue al detalle la evolución del virus en España, pero su preocupación aumenta cuando ve que en Italia, el 22 de febrero, con dos fallecidos, se cierra la Lombardía y el Véneto. Aquí los técnicos aseguran que los casos están controlados. Uno de los asesores de la Generalitat explica: “Cuando vi el primer muerto en Italia y que los vuelos no se cortaban, me puse en alerta. Un muerto significa más de 3.000 personas infectadas...”. Entre Italia y Catalunya había una cincuentena de vuelos diarios. Suspenderlos era transgredir el tratado de Schengen, justifican en el ministerio. Pero el técnico del Govern añade: “Es verdad que, como muchos otros, Simón no se dio cuenta a tiempo de lo que venía”.
La semana transcurre rápido y el sábado 29 de febrero, ya hay medio centenar de casos en España. Pero nadie se altera. Todos los políticos mantienen su agenda pública. El independentismo reúne a más de 100.000 personas en Perpiñán. También Illa tiene un acto de partido en Catalunya. Pedro Sánchez le telefonea preocupado por el virus y el ministro vuelve el mismo domingo.
En las semanas previas a la alarma se celebran varias reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. En ellas, Simón explica la situación en otros países y los consejeros, la de sus territorios. Se comentan las recomendaciones de la OMS y la UE. Por primera vez en años participa una consellera de la Generalitat. El procés había provocado que los representantes del Ejecutivo catalán declinaran asistir a estos encuentros multilaterales.
“Visto con perspectiva, el día 1 de marzo teníamos que haber hecho algo: pedir distancia social, prohibir aglomeraciones... se habría llegado igual al confinamiento pero en mejores condiciones”, se lamenta un epidemiólogo asesor del Gobierno central. Esa primera semana de marzo es un tiempo precioso que resulta perdido. La consellera Vergés va apuntando en una libreta los casos y sus circunstancias. Son importados y todo parece bajo control. En cambio, en Torrejón de Ardoz y Vitoria hay focos graves.
El jueves, 5 de marzo, con tres muertos en España, Sánchez visita el CCAES. Y el ministro se reúne con la comunidad evangélica que prevé celebrar un evento en la Caja Mágica de Madrid con 8.000 personas. El encuentro es tenso. Se les prohíbe el acto porque los asistentes proceden de 18 países. Los evangélicos no entienden por qué son los únicos a los que se les anula un evento.
Es el mismo día que la directora general de Salud Pública de Madrid, Carmen Yolanda Fuentes, publica una carta en la que “solo se recomienda la adopción de medidas especiales en algunos ámbitos, como los centros sanitarios” y añade: “La población general puede continuar con su actividad con toda normalidad”. Exacto. Todo el mundo sigue con sus quehaceres. También el president Torra, que ese fin de semana del 7-8 de marzo visita Baleares. Y tienen lugar las manifestaciones feministas que tanta polvareda han levantado.
Pero esa noche del 8-M llegan mensajes preocupantes al móvil de Illa. Los consejeros de Madrid y País Vasco le transmiten que sus casos se han disparado en las últimas horas. Es imperioso tomar medidas.
LA SEMANA EMPIEZA MAL Un país en estado de alarma
El lunes, 9 de marzo, el ministro de Sanidad se reúne con su equipo y sus homólogos de Euskadi por videoconferencia. A mediodía recibe a los de la Comunidad de Madrid, cuyo consejero, Enrique Ruiz Escudero, le explica que esa tarde el gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso tomará medidas drásticas. Simón pregunta si no es posible conocer la trazabilidad de los casos... La directora general de Madrid insiste en que está todo fuera de control. Finalmente, Illa pregunta cuáles son las medidas que piensan poner en marcha (suspender las clases y recomendar el teletrabajo). Simón apunta que si los universitarios regresan a sus lugares de origen, pueden contagiar el virus. Pero Illa da su apoyo a Escudero. El ministro socialista y el consejero del PP quieren ir de la mano. Mantendrán la comunicación, el entendimiento e incluso la complicidad personal durante los tres meses de alarma, a pesar del ruido político entre sus partidos.
Por la noche, el vicepresidente Pablo Iglesias envía mensajes a Sánchez. Tiene la impresión de que hay que ser más expeditivos. En la Moncloa apelan a la proporcionalidad. Italia, como un espejo retrovisor implacable, con 463 muertos, anuncia la limitación de movilidad entre ciudades y pide (sin obligar) el confinamiento de la población. En España se ha pasado de unos 500 casos el día 8 a los 1.600 del día 10, martes. Sobre la mesa de trabajo de la Moncloa se abre camino el estado de alarma. Pero paralizar el país por dos días de malos datos parecía exagerado. El miércoles, 11, se superan los 2.000 casos y 47 fallecidos. La OMS decreta la pandemia. Esa noche, Ximo Puig, anuncia que se suspenden las fallas. No ha sido fácil convencer al presidente valenciano.
La mañana del día 12 se convoca de urgencia un Consejo de Ministros extraordinario que decide suspender las clases en toda España y algunas comunicaciones con países como Italia. Sánchez comparece en televisión y, emulando a Mario Draghi, asegura que hará todo lo necesario para ayudar a las familias y empresas a superar el trance.
Circulan rumores sobre el cierre de Madrid. La consellera Vergés se lo pide con insistencia al ministro Illa y le recuerda que cada día circulan muchos AVE entre Barcelona y la capital. Si no, que le dejen confinar Catalunya. También le comunica que están pensando cerrar la zona de Òdena, donde hay un foco potente. La consellera es de Igualada. Esa mañana, Vergés ha salido de casa con una maleta. Como otras veces, cuando prevé que la jornada se alargará demasiado. No regresará a casa, con los suyos, en un mes, ya que esa misma noche se decreta el confinamiento de 70.000 personas en la zona. Tampoco el ministro, a día de ayer, ha vuelto a ver a su familia desde final de febrero.
Sánchez lleva desde el martes, día 10, dándole vueltas al estado de alarma. Lo consulta con varias personas. Iglesias o el ministro José Luis Ábalos son partidarios de aplicarlo cuanto antes. Pero las consecuencias económicas pueden ser devastadoras. Finalmente, con 132 muertos y más de 5.000 infectados, Sánchez anuncia la medida el viernes, día 13. Pero no se aplicará hasta que se apruebe en el Consejo de Ministros del día siguiente. Un consejo que durará más de siete horas.
La reunión del gabinete empieza con una discusión sobre las medidas económicas ante el coronavirus. Las ministras del ramo, Nadia Calviño y María Jesús
“Cuando vi el primer muerto en Italia y los vuelos... un muerto son 3.000 contagiados” Llegan al móvil del ministro Illa mensajes preocupantes de Euskadi y Madrid La relación de Illa con los consejeros de Madrid y Catalunya ha sido fluida y cordial Sánchez le da vueltas desde el día 10, pero no se aprueba hasta la tarde del 14 de marzo
Montero, creen que el impacto será breve y la recuperación, rápida. Pero Iglesias y Escrivá reclaman “políticas neokeynesianas” para paliar el destrozo. Todos los ministros intervienen. La reunión se alarga con la discusión, punto por punto, de todas las limitaciones a la actividad que contiene el decreto. Como el cierre de peluquerías, por ejemplo. La ministra de Educación reclama abrirlas para atender a los mayores. Ábalos defiende reducir el transporte público, mientras Calviño e Iglesias objetan que puede haber aglomeraciones.
El decreto de alarma se aprueba y el lunes, 16, España se despierta confinada. Y atemorizada.
LA FALTA DE MATERIAL Agentes de un país europeo disputando el material a pie de avión
Comienza una carrera infernal por la búsqueda de material sanitario. Mascarillas, guantes, batas, respiradores... El 5 de marzo la OMS había alertado a los gobiernos de la escasez mundial. Demasiado tarde. En una de las reuniones interterritoriales de Sanidad se decide que el ministerio asuma la compra centralizada de material, sin perjuicio de que también lo hagan las comunidades. La Generalitat había decidido el 26 de febrero reforzar las adquisicio4.000
aunque entonces no imaginaba las cantidades que se iban a necesitar.
El mercado está invadido de especuladores sin escrúpulos. Illa ordena que se emplee todo el dinero que sea necesario. Se paga por adelantado. El Gobierno central ha gastado mil millones en material. Dos veces telefonea Sánchez al presidente chino para garantizar entregas. En el ministerio relatan incluso cómo agentes secretos de un país amigo de la UE se presentaron en un aeropuerto de China para disputar el cargamento de material dirigido a España.
Las autonomías también sufren lo indecible. El 18 de marzo Vergés acusa al Gobierno de amenazar a empresas para que frenen la entrega de material a la Generalitat, en concreto de mascarillas para el hospital de Igualada. El ministro le asegura por teléfono que no él no pretende interferir en las compras del Govern. Pero también se queja la comunidad de Madrid. Parece ser que una instrucción de Interior a los cuerpos policiales para que pongan a disposición de Sanidad el material que encuentren ha desencadenado el conflicto. El primer avión con material procedente de China comprado por la Generalitat llega el día 29 de marzo a Zaragoza y el Departament de Salut envía a una persona para controlar in situ que se carga todo en camiones hacia Catalunya.
Como ocurre con el consejero de Madrid, la relación entre Illa y Vergés es fluida y comprensiva, mejor de lo que se deja entrever. Los presidentes son otra cosa. Tanto Ayuso como Torra mantienen un constante pulso con el Gobierno central. El presidente de la Generalitat vive confinado en la Casa dels Canonges tras dar positivo. Torra ha ido escribiendo un diario de su experiencia en esta crisis, que ha vivido con mucha intensidad. El president también mantiene un pulso soterrado con el departamento de Salud, dirigido por ERC. Se queja de que le ocultan información.
Tanto es así, que aunque mantiene reuniones con la consellera, también le envía cartas por mail requiriéndole informes. Durante estos tres meses, Torra remite a Vergés, con copia al vicepresidente Aragonés, cuatro misivas pidiendo información. La última, cuando se entera de que Salut ha pedido el pase a la fase 2. Le reclama en qué datos se basan para hacer esa solicitud.
CONFINAMIENTO TOTAL Sánchez se impone a sus ministros y zanja la cuestión: hay que cerrar
La relación entre el Gobierno central y las autonomías es un constante foco de conflictos que se solapa con el choque entre partidos. Torra encabezó la crítica a Sánchez desde muy pronto, al solicitar un confinamiento mayor al que la Moncloa accedió al final durante dos semanas. En el Consejo de Ministros del 29 de marzo se discuten los pocos servicios esenciales que quedan exentos de esa cuarentena extrema. Algunos ministros, como la titular de Industria, Reyes Maroto, plantean las quejas de sectores económicos e intentan colar excepciones. Hay un momento en el que Sánchez, que no suele alzar la voz, adopta un tono imperativo para recordar a sus ministros que él también recibe presiones, pero zanja la cuestión: hay que cerrar al máximo.
El confinamiento total insufla a Torra una inyección de autoestima. Lleva días reclamándolo. Se ha rodeado de su propio equipo asesor, en el que destaca Oriol Mitjà. Pero pasadas esas dos semanas, el 12 de abril, se alivia algo el confinamiento para evitar el colapso económico y Torra se echa las manos a la cabeza. Esos días el president intenta que personalidades del mundo sanitario catalán presionen al Gobierno central para alargar el cierre total. En Salut opinan igual. El 12 de abril Catalunya llega al pico en las UCIS. Pero los expertos que asesoran al ministerio están muy seguros de que pueden desconfinarse algunos sectores. Así se lo comunican a Sánchez en una reuso nión en la Moncloa. Con esas dos semanas de cierre total se trataba de bajar la movilidad a los niveles de los fines de semana del periodo anterior. El colapso hospitalario era inevitable, pero dos semanas eran suficientes para moderar el pico de las UCI. Una de las personas que intervinieron en esa decisión comenta: “El Gobierno ahí hizo caso a los técnicos. No tenía sentido un confinamiento total de seis semanas. Ninguna democracia en el mundo puede hacer eso. Los daños son mayúsculos”.
LAS RESIDENCIAS Y LOS FALLECIDOS Los episodios más oscuros
Los fallecimientos en residencias de ancianos serán objeto de investigación judicial y constituyen el episodio más oscuro de esta pandemia. Las instrucciones, explícitas o implícitas, de evitar el ingrearma de los mayores en hospitales en el momento más crítico de las UCIS, se investigarán en los tribunales y parlamentos. Tanto en Catalunya como en Madrid, las consejerías de sanidad arrebataron la competencia a las de asuntos sociales, impotentes para afrontar ese horror. Ninguna autonomía se preparó para el infierno en los geriátricos, ni el Gobierno se lo exigió, aunque los expertos recuerdan que en China ya se vio que los mayores eran los más afectados. “Con las residencias en Catalunya se pensó que lo que estaba pasando en Madrid no nos pasaría porque ellos tienen un sistema peor. Teníamos que habernos adelantado y haberlas cerrado”, dice un asesor del Govern.
El otro frente opaco ha sido la contabilización de fallecidos, profusamente empleado como política. El Gobierno asegura que los datos que llegaban a la mesa de crisis de la Moncloa cada día eran los que Simón divulgaba. Y que las cifras procedían de las autonomías. Uno de los asesores externos del ministerio asegura que los datos que llegaban eran “de mala calidad”. “Y los peores, los de Madrid y Catalunya”. Se pedía información detallada de los casos: edad, sexo, fecha de los primeros síntomas, del diagnóstico médico, del PCR, del fallecimiento... Desde el Govern se replica que el Ejecutivo central cambió de criterio en más de una ocasión, pero uno de los técnicos del Govern confiesa: “Estoy seguro de que hay fallecidos que los hemos contado dos veces”.
EL DESCONFINAMIENTO Ni oír hablar de provincias
El desconfinamiento no ha relajado las relaciones políticas. A las dificultades para que ERC permitiera la prórroga del estado de alarma en el Congreso se suman las reclamaciones de cada autonomía en función de su particular afectación por el coronavirus. El levantamiento de las restricciones por provincias o por regiones sanitarias ha sido otro episodio de fricción en el que los técnicos consultados, sean asesores del Gobierno central o de la Generalines, tat, coinciden en asegurar en privado que se trata de una decisión por motivaciones políticas. En la Conselleria de Salut no quisieron oír hablar de provincias en ningún momento y reclamaron a los expertos informes para avalar las regiones sanitarias.
Lo peor ha pasado. Pero uno de los epidemiólogos asegura que las autonomías “no están preparadas” para un rebrote en otoño. “No han creado las capacidades de rastreo y diagnóstico necesarias”. Y reflexiona: “Las pandemias son algo constante en la historia. Lo raro es que hayamos pasado tanto tiempo sin ninguna. Y eso ha hecho que lo hayamos borrado de nuestra memoria colectiva”. Quizá ya nos estamos empezando a olvidar de las lecciones políticas de una tragedia que apenas estamos dejando atrás.
Sanidad paga por adelantado en un mercado despiadado: se gastan mil millones
Torra se queja de que Salut le oculta información y le pide informes por escrito
“En el Govern creían que las residencias eran peores en Madrid”, dice un asesor
“Estoy seguro de que hay fallecidos que los hemos contado dos veces”