“Trapero puso a los Mossos al servicio del ‘procés’”
El fiscal alinea a la policía con el “alzamiento tumultuario”
San Fernando de Henares
Tenía la Fiscalía de la Audiencia Nacional la oportunidad ayer de justificar la tremenda horquilla que supone solicitar a unos mismos acusados una condena de sedición con penas de hasta 10 años de cárcel o, por los mismos hechos que se juzgan, pedir desobediencia con sanción económica y pérdida de la condición de funcionario. El teniente fiscal Miguel Ángel Carballo obvió toda referencia a la desobediencia, desgranó un informe de conclusiones caótico en algunos momentos en el que utilizó la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas como principal hilo argumental y disparó contra Josep Lluís Trapero sin pudor.
En algunos momentos de las dos horas y media de su intervención dio la sensación de que en esa misma sala de la Audiencia Nacional en las dependencias de San Fernando de Henares no se hubo celebrado un juicio que empezó en un lejano invierno. El fiscal no hizo referencia a ni un solo testigo que contradijo su tesis de que Trapero “confundió el cuerpo (de Mossos) consigo mismo” y ordenó unas actuaciones policiales que solo tenían como intención “aparentar” que se hacía algo cuando en realidad solo se pretendía permitir el desafío independentista. “La estrategia estaba perfectamente diseñada previamente”, aseguró.
En su informe no hizo ni una referencia a una declaración o un documento que avalara su tesis de la connivencia de Trapero con independentistas. Hizo ver que nunca pasó por esa sala y declaró como testigo bajo juramento un secretario de la administración del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Joaquín Martínez, que respaldó a Trapero cuando contó que la magistrada Mercedes de Armas pidió al mayor y al teniente coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos “paciencia, prudencia y contención”. Tampoco mereció referencia el relato del alto cargo del Ministerio del Interior Antoni Puigserver, que negó haber visto indicios de connivencia entre Trapero y el president Carles Puigdemont las veces que coincidieron.
Carballo defendió que el ascenso de Trapero a la jefatura de los Mossos estuvo condicionado por el convencimiento de que sería fiel al mandato secesionista. Obviando también que en la sala declararon políticos tan poco sospechosos como Albert Batlle. Y llegó a decir que las declaraciones de cerca de un centenar de mossos que negaron haber recibido ni una sola orden de Trapero para favorecer la celebración de la consulta “carecen de valor jurídico” porque los policías básicamente pretendían “salvar el honor de los Mossos”.
Como ya hizo al inicio, Carballo desvinculó el juicio del resto de la organización. “Esto no es una causa general contra los Mossos”, sino un juicio exclusivamente contra Trapero y la intendente Teresa Laplana, que en su día estaba al frente de los Mossos del Eixample y que acudió a la Conselleria d’economia la mañana del 20 de septiembre del 2017 pese a estar enferma.
Apenas dedicó tiempo a Laplana, y a los otros dos acusados, responsables en el 2017 en la Conselleria d’interior, Cèsar Puig y Pere Soler. Para Carballo y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Trapero tenía capacidad de imponer su voluntad frente a toda una organización que, añadieron, obedeció sin rechistar. “Quisieron identificar a la policía con la policía del pueblo. Pero, ¿de qué pueblo? ¿Del que estaba del lado de la ley o del que no lo estaba?”. Una policía del pueblo que participó activamente en el “alzamiento tumultuario” haciendo ver que impedían una consulta que en realidad permitieron, insistió el fiscal.
De manera reiterada, Carballo echó mano de la sentencia del Supremo para reproducir con desgana párrafos enteros en los que el juez Manuel Marchena otorgó a los Mossos un papel fundamental que el fiscal de la Audiencia desarrolló asegurando que “la excusa de la proporcionalidad es solo un mantra que se ha repetido, cuando en realidad hubo complicidad y una actuación desleal por parte de Trapero.”
El fiscal Pedro Rubira fue más allá y aseguro, en medio de varios ataques de tos, que la actuación de Trapero “no fue solo deplorable sino delictiva”. En su caso sin leer, a Rubira le tocó defender una condena por desobediencia si el tribunal no observa la sedición, pero tampoco se entretuvo con hechos concretos que avalaran la acusación más allá de asegurar que la actuación de los procesados no podía “quedar en papel mojado” porque con su actitud desobedecieron hasta al Tribunal Constitucional.
Rubira discurrió por el compromiso ético de los miembros de la Fiscalía, llegando a recordar que algunos habían perdido la vida en acto de servicio, para perplejidad de los presentes en la sala, que no terminaban de ver el recorrido hasta el caso que se juzga. Al final se trataba de contar que en su carrera había trabajado con Mossos y Etzaintza, que sabía de su profesionalidad, y lo que hizo la policía catalana en otoño del 2017 no era de recibo. Eso sin perder la oportunidad de elogiar un par de veces a De los Cobos al que definió, en contraposición de Trapero, como un gran funcionario.
“¿La policía del pueblo? ¿De qué pueblo? ¿Del que no estaba del lado de la ley?”, advierte Carballo