De la tragedia del Tarajal al clamor contra los CIE
La criminalización de los movimientos migratorios alimenta la xenofobia; los menores extranjeros no acompañados y los temporeros de la fruta son las víctimas más recientes
El drama del Tarajal de febrero del 2014, la muerte de 15 inmigrantes ahogados cuando intentaban llegar a nado a la costa ceutí desde Marruecos, permanece como un símbolo de la violencia en la frontera sur, “un caso de racismo por la actuación de los guardias civiles que dispararon pelotas de goma y botes de humo a personas subsaharianas”, apunta el abogado Andrés García Berrio, codirector de la asociación Irídia, especializada en la defensa de los derechos humanos. La jueza de Ceuta archivó el pasado octubre la causa abierta contra los 16 agentes por los delitos de homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte y denegación de auxilio al estimar el recurso interpuesto por la Fiscalía. Al día siguiente del sobreseimiento, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recurrió a su vez la decisión judicial y se está a la espera de ver cómo evoluciona un caso que se ha prolongado ya durante más de seis años.
Del Tarajal al fallecimiento sin esclarecer del argelino Mohamed Bouderbala, de 37 años, en una celda de aislamiento del improvisado Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Archidona (Málaga), en diciembre del 2017, o la de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23, quien presuntamente también se habría quitado la vida, en otro CIE, el de Zapadores (Valencia), a pesar de que estaba siendo vigilado por una cámara. Irídia o SOS Racismo, entre otras entidades, reiteran sus denuncias por el trato vejatorio que reciben los inmigrantes sin papeles encarcelados en los CIE, por un racismo institucional que no cesa y que se manifiesta de múltiples formas. Desde la violencia policial contra ciudadanos “sospechosos” por ser negros o por lucir una vestimenta diferente hasta la negativa de no pocos ayuntamientos a empadronar a migrantes sin documentación.
Las oenegés asumen que un gran escollo para combatir la xenofobia es la escasez de datos que avalen tal discriminación. Uno de los estudios más completos es el informe Identificación Policial por Perfil Étnico en España, realizado por investigadores de las universidades de Valencia y de Oxford en el 2013. Un total de 2.800 entrevistas sirvieron para corroborar que los cuerpos de seguridad paran diez veces más a las personas gitanas para identificarlas que a las caucásicas europeas; 7,5 veces más a las magrebíes y 6,5 más a las afro-latinoamericanas. “Se puede afirmar tajantemente la existencia de un trato discriminatorio porque se aprecia una desproporción alta hacia determinados grupos minoritarios en función de su nacionalidad y de su apariencia étnica”, concluyen los autores.
El catedrático de Filosofía del
Derecho y de Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y desde el 2019 senador, Javier de Lucas, subrayaba en el prólogo de dicho documento que “los europeos hemos conseguido criminalizar el fenómeno humano de los desplazamientos migratorios e incluso el viejísimo derecho de asilo” y también habla de cómo las políticas policiales de control de fronteras y la
“lucha contra la inmigración ilegal” institucionalizan la xenofobia.
El clamor por el cierre definitivo de los CIE va in crescendo. El viernes, como preámbulo del Día Internacional del Refugiado que se celebró ayer, el presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, exigió la clausura del de Barcelona y manifestó que “a la vez que denunciamos el maltrato policial en Estados Unidos debemos hacer lo propio aquí, en concreto con los CIE, exponentes del racismo institucional porque son lugares de privación de libertad de muchas personas que no han cometido ningún delito, y porque también son centros opacos, ya que no se nos permite fiscalizar lo que ocurre dentro”. Cabe apuntar que, actualmente, esta cuestionada instalación está en obras y por tanto no hay nadie ingresado.
Gemma Ferreón, coordinadora de Incidencia Política de SOS Racisme, coincide con esta demanda y recuerda que la Ley de Extranjería es la causa “de que haya muertes en las fronteras y en los CIE”. Las restricciones de la normativa alimentan la cifra de personas sin papeles, un mínimo de 600.000 en el conjunto de España, “lo que aumenta la desigualdad y el racismo estructural. Hay que flexibilizar los requisitos para el arraigo social, para conceder permisos de residencia, y para favorecer la reunificación familiar”, apunta García Berrio, quien considera que estamos ante un momento crucial “para asumir que tenemos un problema con el racismo igual que lo tuvimos con el machismo”.
Las entidades manifiestan su preocupación por ataques a colectivos muy vulnerables, como el de los menores migrantes no acompañados y los ex tutelados, y las hostilidades hacia los temporeros de la recogida de la fruta a los que se negó su alojamiento en la mayoría de hoteles y hostales de Lleida .
“El racismo está en todas las capas de la sociedad, es transversal, se ve en el acceso a la educación, a la sanidad, a la vivienda, al padrón... Hay leyes pero no se aplican de manera efectiva. Las instituciones son el primer elemento vulnerador de los derechos”, señala Ferreón. “De los 571 casos de racismo policial recogidos por SOS Racisme en los últimos 20 años en Catalunya sólo cuatro han acabado en condena”, añade.
El activista y periodista Moha Gerehou, nacido en Huesca y con raíces familiares en Gambia, resume muy bien qué supone ser negro. “A mí, si me para la policía no pasa nada, les enseño el DNI y ya está, sólo me hacen perder el tiempo, pero los manteros pueden acabar en un CIE. Todos sufrimos el racismo pero ellos son mucho mas frágiles”.
“Algún chico me ha contado que en el metro se baja una estación antes de plaza Catalunya para evitar que lo pare la guardia urbana, tienen ese sentimiento de que son sospechosos de algo”, relata Sanja Rahi, técnica de acogida en la fundación Migra Studium.
No le falta razón a estos precavidos jóvenes. Las escenas de violencia en el transporte público son demasiado frecuentes. Jesús, también negro, fue víctima de violencia física y verbal por parte de dos agentes de seguridad de Renfe en Madrid al negarse a mostrarles su billete, que lo tenía, y su DNI. Jesús, que también es vigilante y conoce sus derechos, insistió sin éxito en que sólo se los enseñaría a los revisores del tren y a la policía.
Una persona gitana es parada diez veces más por la policía que una de apariencia caucásica europea
Las oenegés denuncian un racismo institucional que contagia todas las capas de la sociedad