El Consorcio del Besòs acatará el derribo del edificio Venus en la Mina
Sant Adrià de Besòs
El Consorcio del Besòs da por cerrado el trámite judicial del edificio Venus en el barrio de la Mina y acatará la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El organismo que agrupa a los ayuntamientos de Sant Adrià de Besòs y Barcelona, junto a la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona, empezará a elaborar los protocolos para proceder al derribo del bloque de pisos y el posterior realojo de las aproximadamente 300 familias afectadas.
La resolución del Alto Tribunal catalán agiliza los trámites encallados desde que el propio consorcio decidió desestimar todos los recursos de los vecinos que se oponían al pago de 30.000 a 40.000 euros, como condición indispensable para obtener una nueva vivienda en el mismo barrio. Desde entonces, la entidad se dedicó a ralentizar todas las negociaciones, hasta el punto de que los vecinos afectados optaron por llevar ante los tribunales a la Administración Pública. Un logro que consiguieron gracias a una gran campaña de mecenazgo en la que obtuvieron los fondos para judicializar el conflicto, representados por los abogados del Col·lectiu Ronda.
El alcalde de Sant Adrià de Besòs,
Joan Callau, recordó que la sentencia va acorde al pacto que suscribieron todos los grupos políticos del Consistorio, que en su día pidieron desencallar el conflicto, por lo que no piensan oponerse a la resolución judicial. “Es una sentencia que hay que cumplir”, declaró ayer el alcalde adrianense.
En la resolución judicial, el TSJC hace suyos los argumentos de la acusación, que lamenta los diez años que han transcurrido desde la aprobación del proyecto de expropiación y carga contra las administraciones representadas en el consorcio, que se han limitado a desoír las alegaciones de los vecinos y mantener paralizada la demolición del edificio Venus, obligando a sus habitantes a vivir en un inmueble que presenta un estado tal de degradación que constituye no sólo “un escenario insalubre y peligroso” para la salud, sino un verdadero atentado “contra la dignidad de la existencia humana”, agravado por el hecho que el bloque está afectado formalmente desde el 2002, sin que desde entonces los representantes públicos hayan optado por realizar obras de mantenimiento, acondicionamiento o mejora. Según los afectados, los poderes públicos han despreciado las condiciones de vida de las personas vulnerables que viven en condiciones precarias en el edificio.