El Gobierno da luz verde a las nuevas subastas en renovables
El Ejecutivo impulsa las inversiones ecológicas, pero evita la especulación
El Consejo de Ministros dio luz verde ayer a un nuevo decreto ley para impulsar las energías renovables y promover dichas inversiones. El departamento que dirige Teresa Ribera ha diseñado un nuevo modelo de subasta para la implantación de renovables que se va a basar en cada tecnología (fotovoltaica, eólica, biomasa...) y en el que primará el precio de la energía.
Con esta decisión se pone punto y final al sistema de primas en las nuevas instalaciones, aunque seguirá en las actuales hasta que concluyan sus plazos. Ese sistema fue implantado por el PP en el 2013 y se basaba en que el coste de generación de un kilovatio/hora renovable era más caro que el precio que se vendía en el mercado. Las primeras subastas de esta nueva era del PSOE se celebrarán a lo largo de la segunda mitad de este año. Además, permitirá que pequeños inversores puedan acceder a ellas y logren financiación de la banca. En definitiva, que ya no serán solo para grandes inversores. En el proceso de adjudicación se tendrán en cuenta factores como las características técnicas, el tamaño, los niveles de gestionabilidad, los criterios de localización o la madurez tecnológica.
Ribera recordó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el actual sistema de subastas se encuentra obsoleto, ya que “el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable”. “La traslación de estos ahorros económicos al consumidor y a la industria favorecerá la competitividad de la economía”, sentenció. También subrayó que la cadena de valor en España está garantizada, puesto que existen fabricantes que producen todas las piezas de los aerogeneradores y prácticamente todas las de las placas fotovoltaicas.
La nueva normativa recoge, además, medidas de eficiencia energética y electrificación de la economía. Por otro lado, el Ejecutivo pretende pinchar la especulación en el sector de renovables. En la actualidad existen solicitudes por 430.000 megavatios (MW), aunque se consideran correctamente presentadas únicamente por unos 295.000 megavatios. El Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030 recoge que es necesario instalar alrededor de 60.000 megavatios de potencia renovable, lo que supondría inversiones por más de 90.000 millones de euros y generaría hasta 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.
El problema es que hay inversores que se hacen con esos permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y luego revenden dichos derechos en un mercado secundario. Por ello, el Ejecutivo considera prioritario ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad. Ha fijado un calendario con hitos administrativos, como la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable o la autorización administrativa de construcción. En caso de que no se presente la documentación necesaria, esos permisos caducarán de forma automática. El último plazo concluirá a los cinco años de iniciarse el cómputo del primer hito. Otro de los problemas del sistema eléctrico es la generación de déficit, que acaban pagando los consumidores finales. En el 2019 se generó un superávit por unos 1.000 millones de euros, con lo que la idea es habilitar la posibilidad de inyectar el superávit de ejercicios anteriores. Ribera evitó cuantificar la cifra del acumulado. Las patronales, tanto Appa Renovables como Unef (fotovoltaicos), aplaudieron las nuevas medidas.
Hay peticiones por 430.000 megavatios, cuando España necesita 60.000 para cumplir con criterios ecológicos