El Congreso avala que Borràs sea juzgada en el Supremo
La votación del suplicatorio escenifica la división del independentismo
La votación del suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo al Congreso para juzgar a la portavoz de Jxcat, Laura Borràs, por presunto fraccionamiento de contratos en su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (20132017) tenía poco misterio –pese a que el voto era secreto y la sesión a puerta cerrada–. Se daba por seguro que saldría adelante, como así fue, con el voto favorable de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Cs. En la práctica, nada podían hacer para evitarlo Jxcat, ERC y la CUP, pero ello no evitó que las fuerzas independentistas, enfatizando su carga simbólica, aprovecharan la ocasión para volver a escenificar sus diferencias.
La formación posconvergente llegaba al pleno proclamando que la negativa al suplicatorio era “la única posición digna”, pero solo sumó a su causa al PNV. No así a Esquerra y la CUP, pese a las semanas de negociaciones entre partidos independentistas. Republicanos y anticapitalistas no participaron en la votación –como tampoco lo hicieron EH Bildu, el BNG y Compromís– en un intento de conjugar dos ideas: la denuncia de la persecución judicial al independentismo y la voluntad de que no haya ninguna sombra de duda de corrupción.
Una omisión que denunció, aún sin mencionarlos, la propia Laura Borràs: “A la represión se la combate, no se la deja ganar por incomparecencia, hacer lo correcto nunca puede ser irrelevante”, defendió desde el patio del Congreso en lo que ya avisó que eran sus últimas palabras públicas sobre una cuestión que pasa a la esfera jurídica.
Una última intervención en la que volvió a ser tajante al reivindicar su inocencia y denunciar lo que ve como una persecución política: “Los diputados están convencidos de que la unidad de España justifica cualquier medio”, reprochó, recalcando que “se están atropellando” sus derechos “a conciencia para anteponer la patria”. “No quiero ser absuelta por mi bandera, pero tampoco condenada por mis siglas”, zanjó. Horas antes ya había recibido el apoyo explícito del presidente de la Generalitat, Quim Torra, muy próximo a la exconsellera de Cultura. “Ningún independentista tendrá nunca un juicio justo en España”, avisó el jefe del Govern.
Sin embargo, su socio en el Ejecutivo catalán, ERC, no dio tregua a Jxcat, a quien le recriminó su campaña mediática contra una fórmula, la de no participar en la votación, que, recordó, fue puesta encima de la mesa por los propios negociadores posconvergentes. “Se habla mucho de unidad y unidad, de hecho, hay bastante, menos por parte de unos”, disparó su líder en Madrid, Gabriel Rufián.
El portavoz republicano sostuvo que hay coincidencia en el independentismo al tachar al Supremo de “tribunal político” y que, a fin de cuentas, “la única diferencia es que una de las partes cree que no puede haber ninguna sombra de dudas sobre corrupción o irregularidades y la otra parte la ataca por ello”. Tanto es así que Rufián sugirió que la mejor salida para que Borràs no fuera juzgada en el Supremo, sino en un tribunal ordinario, era que la diputada de Jxcat renunciara a su escaño, como ya había reclamado antes la CUP al asegurar que era “la opción más garantista de los derechos de la persona investigada y a la vez digna y solidaria con el conjunto del independentismo”. Extremo al que Borràs se niega en redondo al entender que ello avalaría la represión.
Ahora es el turno de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que comunicará al Supremo el resultado del procedimiento, tal y como marca el reglamento de la Cámara, para que el alto tribunal juzgue a Borràs –quien, a la espera de una futura sentencia, mantendrá su cometido como portavoz de Jxcat en el Congreso– por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
Jxcat lamenta la falta de apoyos, y ERC y la CUP sugieren que la exconsellera debería haber dimitido