Borràs ante el Supremo

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con 293 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones, el suplicatorio mediante el que Laura Borràs, portavoz de Jxcat en la Cámara, perdió su inmunidad como diputada y podrá ser investigada por el Tribunal Supremo. A Borràs se la acusa de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental, supuestos delitos que habría cometido cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Según la acusación, Borràs habría troceado un contrato para no tener que proceder a concurso y así poder otorgárselo a un amigo. La Fiscalía pide por ello quince años de prisión, una petición desmesurada tanto en términos absolutos como relativos.

Antes de que se conociera el resultado de la votación, Borràs efectuó unas declaraciones con carga política, afirmando que “lo único que triunfa hoy es la represión, y cuando gana la represión pierde la democracia”. Con ellas vino a sugerirnos que la única razón por la que se halla inmersa en esta causa judicial es porque defiende una opción política que ha chocado reiteradamente con el Estado. Y, de paso, que el Estado está deslegitimado. Nada nuevo en la pugna entre el independentismo y el Estado. Pero no todos los casos son iguales. Hay episodios como el juicio del procés que tuvieron una causalidad política inequívoca y una instrumentalización política igual de inequívoca, aquí y allá. Ahora bien, no por el hecho de que Borràs sea la portavoz de Jxcat en el Congreso cabe afirmar que cualquier trance judicial en el que pueda verse envuelta obedecerá siempre a una persecución política. Los hechos que se le imputan en la ILC se inscribirían, de ser ciertos, en un ámbito más cercano al de las irregularidades administrativas y la corrupción que en otro estrictamente político. A la justicia corresponde ahora dilucidar si hubo delito. Por desgracia, no sería la primera vez en la que un diputado ha incurrido en conducta inapropiada o delictiva. El Congreso ha registrado en democracia una cincuentena de peticiones de suplicatorio, el 60% de las cuales fueron concedidas.

El caso Borràs tiene otra derivada política: aporta una nueva e innecesaria prueba de la pugna cainita entre las dos grandes formaciones independentistas. Jxcat pretendía que ERC, y también la CUP, que ayer optaron por no participar en la votación, expresaran de modo explícito su solidaridad, votando negativamente al suplicatorio. No fue así, y desde Jxcat se acusó a ERC y la CUP de cierta complicidad con el Estado.

Todos los representantes públicos deben desempeñar sus cargos con responsabilidad máxima y sin mácula alguna. Esa es su obligación para con los ciudadanos. Y, cuando hay algún indicio razonable de que se ha faltado a esa confianza, conviene investigar y poner en claro lo sucedido.

La portavoz de Jxcat en

el Congreso presenta su suplicatorio como un “triunfo de la represión”