Deudas impagables
Con las pésimas previsiones que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, que auguran una caída del PIB español de casi el 13%, es fácil imaginar que habrá demasiadas empresas y familias que se quedarán por el camino. Con la crisis sanitaria que hemos padecido, primero fueron los ERTE, después serán los ERE y, desgraciadamente, luego vendrán los concursos de acreedores.
Además de la dolorosa situación que esto va a suponer para muchas familias, otro efecto práctico va a ser el más que seguro colapso en los juzgados de lo mercantil, que verán cómo se agrava una situación que ahora ya es difícil de gestionar y que afecta al conjunto de la administración de justicia. En un artículo publicado en este mismo periódico hace unas semanas, decía que llueve sobre mojado porque antes del coronavirus la situación ya era crítica.
Con motivo de la anterior crisis que vivimos durante buena parte de la década pasada, aunque tarde y mal, en el 2015 se aprobó la llamada ley de Segunda Oportunidad, que establece mecanismos para que las personas físicas no empresarias puedan saldar sus deudas cuando se encuentran en la situación de no poder hacer frente a los pagos porque son claramente superiores a sus bienes. No es otra cosa que los concursos de acreedores –antes llamados quiebras y suspensiones de pagos– a los que se acogen las empresas que no pueden cumplir con sus obligaciones.
El concurso de persona física es un mecanismo consolidado en muchos países de nuestro entorno para evitar que las personas no empresarias y sus familias lo acaben perdiendo todo menos las deudas, abocándoles a una suerte de callejón sin salida que fomenta la economía sumergida. En Francia se tramitaron más de cien mil el año pasado y en Alemania llegaron a los doscientos mil, lo que contrasta enormemente con los 324 expedientes tramitados en Catalunya y poco más de mil en el conjunto del Estado.
Para aquellas personas que se ven atrapadas por deudas impagables es necesario que se habiliten medidas útiles que les permitan poder volver a empezar. Favorecer que las deudas se paguen con nuevas deudas es un bucle que la mayoría de veces acaba mal y cierra la puerta a las oportunidades de futuro. Por ello, es una buena iniciativa que la Conselleria de Justícia haya planteado reformas legales y mecanismos de mediación para facilitar que las personas físicas no queden atrapadas por unas deudas impagables que nunca permiten salir del pozo. Esta es, sin duda, una buena manera de ayudar a quienes lo pasan mal, evitando que más pronto que tarde acaben engrosando las listas de los servicios sociales.
Para que la ley de Segunda Oportunidad funcione es necesario que se concierten tanto los actores públicos como los privados. La gran mayoría de las deudas son con entidades bancarias que han financiado y refinanciado deudas que van generando más intereses y recargos. Y lo mismo ocurre con las deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Pero, además, una buena gestión de este tema puede ser una medida balsámica para contribuir a descongestionar los juzgados y ahorrar que entren asuntos que pueden resolverse de otras maneras. Imaginen, por ejemplo, una persona con problemas económicos que deba hacer frente a una ejecución hipotecaria o al impago de las rentas de alquiler, y que además varias entidades le reclamen préstamos impagados o tarjetas de crédito pendientes; y puede que adeude también las cuotas de autónomos o se le hayan acumulado los recibos impagados de los suministros. Una situación desgraciadamente frecuente como esta supone, a menudo, la existencia de media docena o más de procedimientos judiciales, que además se estrellarán contra la insolvencia manifiesta del deudor.
Uno de los grandes problemas del colapso judicial tiene que ver con la ejecución de las sentencias. En los últimos años, cerca del 60% de las resoluciones judiciales dictadas siguen sin poderse hacer cumplir, y esto genera grandes acumulaciones de temas en los juzgados, que consumen recursos sin aportar nada a nadie.
Una administración de justicia lenta, además de ser menos justa, tiene efectos negativos para la economía y desincentiva inversiones. Hablando de concursos, en España se tardan 55 meses de media en finalizar un procedimiento concursal. Cuatro años y medio. Y también resulta perjudicial para la economía que a finales del año pasado hubiera 4.418 millones de euros en concepto de depósitos y consignaciones dormidos en las cuentas judiciales, esperando una resolución. Casi el doble de lo que las administraciones públicas españolas invierten anualmente en I+D.
Acabar con las deudas impagables de las familias debería ser una prioridad siempre, y más en tiempos de crisis, porque supondría un verdadero empujón para recomenzar cuando las cosas se han torcido demasiado. De lo contrario, impediremos que muchas personas puedan volver a intentarlo, si tienen que andar con una mochila imposible de cargar. Solo desde esta perspectiva, la ley de Segunda Oportunidad será merecedora de este nombre.
Una administración de justicia lenta, además de ser menos justa, tiene efectos negativos para la economía