El Defensor del Pueblo pide una ley que proteja al usuario de residencias

El drama vivido en las residencias con la crisis sanitaria de la Covid-19 era una crónica anunciada. Así lo afirman entidades relacionadas con la tercera edad y así se traduce también de las palabras pronunciadas ayer en el Congreso por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, en una comparecencia para pasar cuentas de su gestión en 2018 y 2019.

El Defensor centró buena parte del discurso en ese drama. Marugán desgranó las instrucciones y sugerencias lanzadas por esa institución antes de la pandemia o al inicio de esta crisis sanitaria para corregir los problemas que afectan a la atención residencial. Recomendaciones, vistos los estragos del virus en los asilos. que cayeron en saco roto. El Defensor recordó que viene alertando desde hace tiempo“de las carencias de medios y personal en esos centros ”, así como de la necesidad de “reformas de calado y una revisión profunda del modelo”.

Y llegó la pandemia sin que la mayoría de esas sugerencias fueran escuchadas por las comunidades autónomas. ¿El resultado? “Esas carencias se han puesto dramáticamente de manifiesto con motivo de la pandemia que ahora sufrimos”, lamentó Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo elevó, a primeros de abril, una queja de oficio a las consejerías de sanidad y de política social de las CCAA, para conocer la respuesta dada en cada territorio a esta emergencia sanitaria. Una información que esa institución parece no haber recibido aún, lo que tampoco es de extrañar pues por no saberse, hoy ni tan siquiera se conoce la cifra oficial del número de muertos en las residencias de España. El Gobierno repite desde hace semanas que está analizando los datos facilitados por las comunidades autónomas. La cifra de fallecidos, no oficial, habla de más de 19.500 usuarios muertos en geriátricos, lo que sitúa a España a la cabeza en óbitos en esos centros..

A finales de abril el Defensor volvió a dirigir a todas las comunidades autónomas una lista de recomendaciones para que se reforzara la asistencia sanitaria a los enfermos por Covid-19 en los asilos, se suministraran equipos de protección para el personal y los residentes y se suplieran las bajas laborales de los trabajadores de las residencias .

Otra petición caída en saco roto.

Muchos de esos usuarios murieron en los geriátricos al negarles la atención sanitaria en hospitales; los centros trabajaron semanas sin equipos de protección, pese a las desesperadas peticiones a las administraciones para que se los enviaran y muchas residencias combatieron el pico de la pandemia con plantillas bajo mínimos.

Esta institución también recomendó, recordó ayer Muragán, que se garantizara la información a los familiares de los usuarios sobre la salud de sus seres queridos. Tampoco esa premisa se cumplió en decenas, por no decir centenares, de geriátricos. Diversas denuncias presentadas ya en los juzgados revelan que en muchos asilos nadie cogía el teléfono y que cuando muchos familiares recibían la llamada tan esperada era para comunicarles que su pariente había muerto.

El Defensor considera necesario, vista la realidad padecida por los usuarios de residencias, que se regulen mediante Ley Orgánica aspectos que afectan a derechos fundamentales de esas personas. Y en este sentido se refirió también a un mayor control en el ingreso involuntario de los residentes con deterioro cognitivo o psíquico o las medidas de sujeciones físicas, aplicadas en muchos centros.

Fernández Marugán pasa cuentas en el Congreso y recuerda que él ya alertó de la fragilidad de los asilos