Los fondos piden que se anule la moratoria de pagos de Celsa
Los fondos acreedores de Celsa presentaron ayer en el juzgado de primera instancia número 60 de Madrid el escrito de oposición a las medidas cautelares que han dejado en suspenso, durante un año, todos los pagos de la empresa. El pasado 30 de abril, Jesús Antonio Broto, titular del juzgado citado, atendió las razones de urgencia que le planteó Celsa –que debía hacer frente el 5 de mayo a un pago de parte del principal y los intereses de un crédito de 800 millones– y estableció de forma cautelar una moratoria hasta el 1 de abril del 2021. Celsa había alegado la cláusula rebus sic stantibus que se invoca cuando se han producido cambios sustanciales e imprevistos en las circunstancias que imposibilitan el cumplimiento de un contrato a una de las partes. En este caso, Celsa explicó que, por culpa de la inesperada recesión que siguió al cierre de la economía por el coronavirus, no podía pagar y pidió al juez amparo judicial para renegociar el contrato de préstamo con sus acreedores financieros.
El juez atendió su petición y, ahora, fondos representantes del 60% de la deuda de Celsa –que alcanza los 2.700 millones de euros– han pedido al juez que vuelva sobre sus pasos y levante las medidas cautelares. En su escrito, los fondos dicen que Celsa ha logrado las cautelares basándose en un relato sesgado y sin aportar pruebas que soporten sus alegaciones. En primer lugar, sostienen los fondos, Celsa podía pagar el 5 de mayo los 34,4 millones del crédito, como atestigua un informe de FTI Consulting.
Por otra parte, los fondos aseguran que los graves problemas de Celsa no se originaron con la crisis actual, sino que venían de mucho más atrás a causa de un balance desequilibrado, con demasiada deuda. La prueba está, según su explicación, en las tres refinanciaciones acometidas en el 2010, 2013 y 2017. Del análisis de sus cuentas se deduce que Celsa no generaría caja suficiente para atender sus pagos en el 2021 y el 2022.
Por eso, los fondos mantienen que no se puede invocar la cláusula rebus, ya que los problemas de Celsa serían previos a la pandemia. Además, añaden, esta cláusula solo se puede
Los acreedores dicen que la empresa no negoció de buena fe y que sus problemas no los causó la pandemia
aplicar cuando se ha intentado negociar de buena fe. Según los fondos, Celsa pidió 75 millones de euros de nueva financiación el pasado marzo –antes de la pandemia– y la respuesta fue que sí, pero que con una reestructuración más amplia del balance. Entonces, prosiguen, la negociación se suspendió. En resumen, los fondos creen que Celsa se valió de la Covid19 para postergar una reestructuración de la deuda que era inevitable. Por todo lo anterior, piden el levantamiento de las medidas cautelares y retomar la negociación con Celsa donde se quedó hace dos meses.