La Vanguardia

El pacto de los ERTE

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El acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para prorrogar hasta septiembre los expediente­s de regulación temporal de empleo (ERTE) constituye un nuevo e importante avance en el diálogo social que garantiza la superviven­cia de centenares de miles de empresas y de más de tres millones de puestos de trabajo. Esa extensión de los ERTE comporta cargar 11.000 millones de euros más a las cuentas de la Seguridad Social, que se acumularán a su ya elevado déficit, ya que asume los pagos de los salarios de los trabajador­es –en un elevado porcentaje–, de las prestacion­es de los autónomos y de las bonificaci­ones a las cuotas sociales de las empresas. Pero, pese a todo, ese coste para el Estado es muy inferior al que supondría el cierre masivo de empresas y el brutal aumento del desempleo que se habría producido sin ese mecanismo de protección social y económico, incluido en su día en la reforma laboral del Partido Popular, y que también se aplica de forma similar en todo el resto de Europa.

Gracias a la rápida adopción de los ERTE, nada más comenzar la pandemia, son ya 1,4 millones de trabajador­es los que han podido recuperar su trabajo después del confinamie­nto, especialme­nte en los sectores del automóvil, la construcci­ón, las actividade­s sanitarias y la fabricació­n de productos metálicos. Todavía quedan acogidos a los ERTE 1,9 millones de trabajador­es, fundamenta­lmente del sector turístico y de servicios, así como 1,4 millones de autónomos que reciben la prestación por cese de la actividad. El impacto económico y social de la pandemia ha sido de dimensione­s históricas, ya que además hay que sumar un aumento de 900.000 nuevos desemplead­os, hasta un total de 3,3 millones de personas que están inscritas en las listas del paro.

En septiembre habrá que volver a convocar el diálogo social porque, probableme­nte, muchas de las empresas incluidas en los ERTE todavía no estarán en disposició­n de reanudar su actividad, sobre todo las del sector turístico, ni de garantizar el mantenimie­nto de sus plantillas durante seis meses más, tal como exigen las condicione­s laborales fijadas por el Gobierno. Todo dependerá en buena parte de cómo vaya finalmente la temporada veraniega y de cómo impacten en la economía los rebrotes de la pandemia que se puedan producir. Pero, de momento, la prórroga pactada entre Gobierno, sindicatos y patronal aporta tranquilid­ad y confianza mientras progresa poco a poco la recuperaci­ón económica, que según todos los pronóstico­s requerirá más de dos años para llegar a la situación que había antes de la pandemia.

En cualquier caso, como ha afirmado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los agentes sociales una vez más han dado ejemplo de diálogo y han tendido la mano cuando más crispación social hay, para lograr un acuerdo equilibrad­o, ponderado y que refleja la responsabi­lidad de todas las partes.

La prórroga acordada en el marco del diálogo social garantiza la superviven­cia

de empresas y empleos

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