El Supremo de EE.UU. rechaza una ley que recorta el derecho al aborto
El presidente del TS se une otra vez a los liberales y enfada a los conservadores
El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió el lunes que la ley que restringe el aborto en Luisiana, que habría dejado operativa solo una clínica en todo el estado, supone una violación de la Constitución. Esta decisión es una victoria inesperada para los defensores del aborto, gracias a una sentencia dictada por un tribunal controlado por jueces conservadores.
Se trata del tercer revés para la administración Trump, después de que el máximo órgano judicial defendiera los derechos laborales del colectivo LGBTQ y de que frenara la deportación de los llamados “soñadores”, los jóvenes que entraron en este país con sus padres como migrantes cuando no eran más que niños.
Como en las dos resoluciones precedentes, el resultado en el caso de Luisiana se produjo por cinco votos a cuatro, con el presidente del Supremo, John Roberts, sumando su voto a los cuatro magistrados liberales.
La sentencia anula la ley aprobada en Luisiana en 2014, en la que se requería que cualquier médico que ofreciera servicios para interrumpir el embarazo dispusiera del privilegio de admisión en un hospital dentro de un radio de 48 kilómetros [extremo que imposibilitaba esas intervenciones, ya que la mayoría de hospitales no quieren implicarse en una cuestión tan polémica] . De aplicarse, habría quedado sólo un centro en Luisiana para atender a las 10.000 mujeres que piden cada año esa atención en el estado.
La petición para derogar esa legislación fue presentada por dos médicos y una asistente clínica. Argumentaban en la demanda que esta regulación suponía una obligación indebida para que las mujeres pudieran acceder al aborto.
El transfuguismo de Roberts representa un mazazo para los conservadores, en especial para los grupos evangélicos que habían albergado la esperanza de un giro radical en la jurisprudencia sobre este asunto, en el que es el primer caso que llega al alto tribunal desde que el presidente Donald Trump logró el nombramiento de dos jueces por él designados.
Roberts frustró el cambio de sentido y sostuvo que la ley de Luisiana no se puede mantener dado que el tribunal falló en 2016 contra una normativa similar en Texas. “La doctrina legal nos requiere, en ausencia de circunstancias especiales, a tratar los dos casos de manera similar”, redactó al justificar su voto.
“La ley de Luisiana impone una carga en el acceso al aborto tan severa como la de Texas, por las mismas razones. Por esto no se puede ratificar esta otra ley bajo nuestros precedentes”, añadió. El presidente del tribunal se opuso en 2016 a mantener la ley de Texas. En esta ocasión actuó debido al antecedente.
Hay más cambios. Cuando se resolvió el caso de Texas, en el tribunal se encontraba entonces el magistrado Anthonny Kennedy, que podía inclinar la balanza, y se decantó por anular la ley. Su puesto lo ocupa hoy Brett Kavanaugh, jurista mucho más conservador. Tanto éste, como Neil M. Gorsuch, otro juez nominado por Trump, se posicionaron con los otros dos magistrados de corte republicano.
En 2016, el Departamento de Justicia en el gobierno de Barack Obama se posicionó contra Texas. En esta ocasión, el ejecutivo de Trump apoyó a Luisiana.
Los grupos anti aborto insistieron en la necesidad de que Trump gane un segundo mandato para poner más jueces conservadores que sean pro vida. “Esta es una gran noticia para los grupos pro aborto”, coincidieron expertos y activistas.
La ley de Luisiana habría dejado una sola clínica en todo el estado para prestar este tipo de prácticas